El titular de la Defensoría del Pueblo aprovechó su visita ayer a Guayaquil para aclarar su postura respecto a la organización Fundamedios y el proceso administrativo que le sigue la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom). Sostuvo que el Estado tiene la potestad de ejercer el control sobre las organizaciones con personería jurídica.

¿Cuál es la motivación de la Defensoría del Pueblo para solicitar a la Secom que desista en su proceso contra Fundamedios?

Nos hemos visto motivados por 2 temas: el primero es que el país ha emprendido un diálogo, llevado por el Gobierno, a través de la Senplades, que ha mostrado los productos y parte de ellos son  las herramientas de regulación a las organizaciones de la sociedad civil; es un tema por el que siempre nos hemos pronunciado; en ese contexto hemos considerado que al abrirse un espacio de diálogo en relación a esa normativa hemos creído conveniente que no se disuelva una organización. Es un llamado básicamente a la convivencia armónica y democrática.

Fundamedios consideró que su pronunciamiento fue un cuestionamiento a la Secom...

Sin duda se interpretó de esa manera, por eso hemos tenido que salir al paso ante declaraciones o reacciones que han politizado el tema. No hemos pretendido politizar el tema, no admitimos declaraciones políticas y rechazamos categóricamente las declaraciones de Fundamedios, que ha indicado que nuestra petición ha demostrado lo ilegal, infundado y abusivo de la actuación de Secom; jamás nos hemos pronunciado en ese sentido, no ha sido nuestro ánimo pronunciarnos ni manifestarnos sobre el proceso mismo, porque no nos corresponde. A quien le corresponde  es a la Secom, que es la institución reguladora y controladora de las organizaciones de la sociedad civil. Jamás hemos cuestionado la competencia de la Secom ni los procesos normativos sobre Fundamedios, es más, en la revisión del expediente la Secom es el órgano competente para controlar a Fundamedios por su temática, que los procedimientos emprendidos estén adecuados al reglamento que regula las organizaciones y hemos considerado también que Secom tiene causales suficientes para emprender un proceso de investigación.

¿Cree que se ha malinterpretado la intención de la Defensoría del Pueblo respecto de este tema?

Creo que se ha malinterpretado, que se ha tratado de dar un alcance mayor en un ambiente de confrontación que esperamos que no exista, donde Fundamedios está tratando de juntar adeptos para dar razones a su posicionamiento confrontando con el control natural que tiene que existir desde el Gobierno, porque aquí se pretende cuestionar al Estado si puede regular o no a las organizaciones de la sociedad civil y eso no puede estar en juego. Desde el momento en que el país y cualquier otro acepta que es el propio Estado el que reconoce una organización, es decir, le da un documento que le otorga personería jurídica, también se atribuye la potestad  de regularla; no puede  haber una organización por fuera del Estado; desde el momento en que reconoce que el Estado puede disolverla porque no cumple con sus propios estatutos tiene la potestad de control y no puede ser de otra manera. El derecho a la libertad de expresión y de asociación no es absoluto y no puede ser interpretado como que el Estado no puede ejercer el control. La Defensoría del Pueblo es clara y categórica en que el Estado tiene la potestad de conceder o disolver a una organización si no cumple con sus estatutos.

Ha habido declaraciones de funcionarios de Estados Unidos de que se estaría atentando contra la libertad de expresión. ¿Cuál es su criterio frente a estas reacciones?

Hay que diferenciar dos ámbitos: los pronunciamientos a nivel internacional que tienen relación con órganos como la ONU o la OEA, respecto de los Estados se fundamentan en derecho, independientemente de que los compartamos o no; otro tema es el que se maneja en el ámbito de los intereses  de las organizaciones o sus vínculos, en ese sentido, los pronunciamientos de políticos de otros países respecto al tema Fundamedios deben ser entendidos en el entorno político y hay que valorarlos en ese ámbito.

¿Hay posibilidad de diálogo?

La Defensoría siempre abogará por el diálogo, está en sus competencias, en ese sentido vamos a abogar por esa vía sin desconocer que existe un régimen jurídico y un Estado de derecho que debe aplicarse. (I)