César Ricaurte, director ejecutivo de Fundamedios, presentó este jueves 9 de julio, su renuncia al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como veedor del proceso público competitivo de otorgamiento de frecuencias.

"Fundamedios presenta su renuncia porque consideramos que una organización de alto prestigio no puede ser parte de una veeduría que ha pretendido ser manipulada con fines partidistas, nada transparentes y ajenos a lo que debería ser la participación ciudadana y el control social", dijo Ricaurte en rueda de prensa virtual.

El pasado 26 de mayo el Cpccs abrió el proceso para la conformación de la veeduría ciudadana para vigilar el proceso público competitivo para el otorgamiento de concesiones de radiodifusión de señal abierta para el funcionamiento de medios de comunicación privados y comunitarios, y se receptaron postulaciones hasta el 2 de junio de 2020.

"Fundamedios cumplió con todos los plazos y requisitos estipulados en la convocatoria del Consejo e ingresó a la veeduría", explicó Ricaurte.

Reiteró su rechazo a la designación como miembro de la veeduría de Roberto Wohlgemuth, "quien fue uno de los operadores más agresivos en la política de acoso sistemático en contra de periodistas y medios de comunicación durante el gobierno de Rafael Correa. Además, Facebook lo identificó como uno de los grandes operadores de las granjas de trolls para desinformar".

El miércoles 8 de julio la plataforma eliminó más de 50 páginas detectadas como difusoras de información falsa manejada por consultores políticos y exempleados gubernamentales de Ecuador y de los socios de la empresa ecuatoriana Estraterra, establecida en Canadá y cuyo representante legal es Roberto Wohlgemuth.

La Agencia de Control y Regulación de las Telecomunicaciones (Arcotel) realizó una impugnación a los nuevos integrantes de la veeduría. Pero Ricaurte cuestiona que en el oficio de la Arcotel se mencione argumentos "frívolos" como que algunos integrantes no enviaron su hoja de vida, cuando "existen miembros con un interés político claro".

Ricaurte recalcó que "renuncia a una veeduría que desde su creación tuvo intereses políticos, pero no renuncia al derecho ciudadano de vigilar rigurosamente un proceso que como el de otorgamiento de frecuencias es clave para que en el Ecuador se avance en materia de libertad de expresión".

"Estaremos atentos para denunciar cualquier intento por favorecer a grupos mediáticos y políticos que han pretendido desde el anterior concurso de frecuencias beneficiarse de la concentración de medios en pocas manos”, puntualizó. (I)