El dinero de las empresas contratistas del Estado no solo llegaron a las campañas de Alianza PAIS, sino que también habrían engordado los bolsillos de funcionarios del anterior gobierno.

Esta es una de las hipótesis que se fortalece en la investigación que ejecuta la Fiscalía General, para revelar el presunto caso de corrupción conocido como “Arroz Verde”.

La relación más clara es la de Pamela M. con la constructora Odebrecht. Entre 2013 y 2015, la compañía financió a la exasesora de Rafael Correa viajes de placer, fiestas de cumpleaños y le arregló la sede del Colegio de Abogados de Guayas, donde su esposo, Jimmy Salazar, es todavía el presidente.

Adicionalmente, se indaga la transferencia desde la constructora brasileña de más de $ 400.000 a la empresa Nexoglobal, que aparece a nombre de terceras personas, pero que se presume era propiedad de Pamela M.

Un informe preliminar de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) determina que Nexoglobal emitió su Registro Único de Contribuyentes, en 2010, bajo la prestación de servicios de asesoría jurídica.

Sus oficinas están ubicadas en el primer piso del Parque Empresarial Colón, de la ciudad de Guayaquil.

Un equipo de Diario EL TELÉGRAFO acudió al lugar para solicitar una entrevista a Gregorio Castellanos, representante legal de la entidad, pero en la recepción del edificio se informó que desde Nexoglobal no había autorización para dejar pasar personas ajenas a la empresa.

En el reporte de la UAFE hay tres pagos realizados por Odebrecht a Nexoglobal, que suman $ 343.000. Sin embargo, la fiscal Diana

Salazar argumentó que la constructora entregó 37 facturas de Nexoglobal, que superan los $ 470.000. Y no existe constancia de los servicios que se dieron por esos rubros.

Las dos versiones de Pamela M. 

Cristian P. es un joven que trabajó como asistente de Pamela M. en la Presidencia de la República. Él fue retenido 24 horas por la Fiscalía para investigar su posible participación en el caso.

Su testimonio fue otro eslabón que aporta a la investigación sobre las relaciones de la exasesora con Odebrecht.

Él contó que llevaba facturas en blanco de Nexoglobal a las oficinas de Odebrecht en la capital. Nunca supo de qué se trataba, sin embargo sí conocía a Geraldo de Souza, exejecutivo de la compañía brasileña, quien frecuentaba el despacho de la exasesora presidencial.

En su primera versión a la Fiscalía, el pasado 4 de mayo, Pamela M. dijo que sí conoció al ejecutivo de Odebrecht.

“Sí lo conozco, pero no recuerdo exactamente cuándo, pero fue en un evento en la casa de Guayasamín, que la compañía Odebrecht invitó a varios funcionarios de la Presidencia”, y agregó que tampoco recordaba si la invitó a viajes al exterior. Que fueron amigos, pero que nunca trabajaron juntos.

Pero 27 días después su testimonio cambió. Pamela M. aseguró que Geraldo de Souza fue a su despacho a darle dinero en efectivo que, supuestamente, entregó al exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis M.

Esta visita presuntamente ocurrió en 2013. El mismo año que empezaron las transferencias desde Odebrecht a las cuentas de Nexoglobal.

El vínculo con Nexoglobal

La Fiscalía también tiene la declaración de Castellanos, quien aseguró que la exasesora es la que daba las órdenes en esa empresa.

Mientras que la fiscal Diana Salazar, entre los argumentos que entregó a la Corte Nacional, dijo que hay indicios de que los anteriores dueños de Nexoglobal, Mónica y Carlos Cordonés, prestaron su nombre para constituir la compañía, pero los presuntos beneficiados fueron Pamela M. y su esposo, Jimmy Salazar.

Este diario solicitó una entrevista con Salazar y solo contestó que las acusaciones en su contra son falsas.

Sin embargo, el informe de la UAFE detectó que el representante legal de Nexoglobal aparece como el encargado de la campaña del Movimiento Justicia Social en las últimas elecciones. Esta organización es liderada por Salazar y con su auspicio se candidatizó a la Prefectura de Guayas. (I) 

========================
Fiscalización recibe hoy más pruebas de la denuncia

→La Comisión de Fiscalización de la Asamblea tiene previsto iniciar este día la etapa de recopilación de testimonios y pruebas en la investigación del caso “Arroz Verde”. Los primeros invitados serán los periodistas que denunciaron los supuestos aportes ilegales, Cristian Zurita y Fernando Villavicencio.

La semana pasada, los integrantes de la comisión avocaron conocimiento de la resolución del pleno de la Asamblea para que en 45 días presenten un informe sobre las presuntas contribuciones.

En la primera reunión realizaron un mapeo de autoridades, funcionarios públicos, empresarios e instituciones que fueron señalados en los reportajes y que también son parte de la investigación de la Fiscalía.

La Comisión de Fiscalización, además, prevé convocar a los representantes de la Fiscalía, Contraloría, Unidad de Análisis Financiero y Económico, Servicio de Rentas Internas, Consejo Nacional Electoral y del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
Además, invitarán a las personas y autoridades que tuvieron relación con el manejo de la campaña de Alianza PAIS. (I) 

========================

La indagación fiscal durará hasta el 29 de septiembre

→La Fiscalía General del Estado amplió el tiempo para investigar a los involucrados en la entrega de los supuestos aportes ilegales en las campañas de Alianza PAIS.

Ahora, el plazo se cumplirá el próximo 29 de septiembre, pero será improrrogable, dispuso en su resolución la jueza nacional, Daniella Camacho.

Hasta el momento las personas investigadas son Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; la exministra María de los Ángeles D.; Pamela M., exasesora presidencial; y Laura T., su exasistente.

La investigación estará bajo la dirección de la fiscal general, Diana Salazar, en la sede principal de la entidad en Quito.

La semana pasada, la fiscal de la Unidad de Transparencia, Ruth Amoroso, envió la documentación que recopiló mientras investigó a Pamela M. y Laura T., ambas fueron las primeras detenidas en este caso.

La captura ocurrió a inicios de mayo, luego de que se hicieron públicas las denuncias de las contribuciones irregulares.
Una de las primeras acciones que deberá realizar la Fiscalía es unir los dos expedientes, dándoles un orden numérico exacto. (I)