Cuatro personas recluidas por contrabando de combustible quedarán en libertad en los próximos días luego de que el presidente de la República, Rafael Correa, firmara ayer un indulto para cada una.

Los beneficiados son Alberto Honores Ludeña, Anyelo Arley Cadena Narváez, Roberth Stalin Potosí Rojas y Édison Fernando Imbaquingo Taimbu. Los reos fueron juzgados por contrabando de combustible en cantidades mínimas a través de la frontera. La pena que debían cumplir una vez que se comprobó el contrabando era de 5 años de cárcel.

Esta es la pena mínima que se establece para esta clase de delitos, mientras que la máxima es de 7 años.

Así consta en el artículo 265 del Código Integral Penal en donde se establece que “la persona que, en las provincias fronterizas, puertos marítimos, fluviales o mar territorial, almacene, transporte, envase, comercialice o distribuya sin la debida  autorización, productos derivados de hidrocarburos, incluido el gas licuado de petróleo o biocombustibles, será sancionada con pena privativa de libertad de cinco a siete años”.    
Esta situación salió a relucir luego de que una menor de edad entregó una carta al Jefe de Estado durante una visita que el Mandatario realizó en Carchi, provincia fronteriza con Colombia.

En la misiva la niña de 12 años le pedía al Presidente que liberase a su padre (Fabio Guzmán) que fue detenido por el contrabando de 40 galones de combustible, lo que equivale a $ 60. Luego de este hecho, que se dio en octubre pasado, Correa pidió corregir la ley para evitar estas injusticias.

DATOS

Para otorgar  indultos el Presidente de  la República se  sustenta en el numeral 18 del artículo 147 de la Constitución que estipula: Indultar, rebajar o conmutar las penas, de acuerdo con la ley.  

Tres de los beneficiarios del indulto fueron juzgados por el Tribunal Segundo de Garantías de Carchi, mientras que a uno de ellos lo sancionó la Unidad de Flagrancia del cantón Huaquillas.

Los pedidos de indulto los realizan los detenidos y son avalados con un informe favorable por parte de la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga.

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), que fue publicado en el Registro Oficial el 10 de febrero de 2014, rige en su totalidad, desde el domingo 10 de agosto de ese mismo año.En el informe de labores del 17 de octubre pasado el Mandatario pidió disculpas a la menor que le entregó la carta y a su familia. “Se me cae la cara de vergüenza con estos errores en leyes aprobadas por nosotros y en estos momentos procedo a firmar el indulto para este ciudadano”, señaló en esa ocasión el Jefe de Estado.    

Correa criticó la falta de coherencia de los asambleístas que aprobaron la norma.

“Cómo es posible tanta contradicción. Cómo es que frente al microtráfico pusieron tantas objeciones y tenemos un ciudadano que por 40 galones de gasolina por un valor de $ 60 ha sido condenado a cinco años de prisión. ¿Dónde está el cuento de la dosimetría, de la proporción entre penas y delitos, de que criminalizamos la pobreza y todos los argumentos que me dieron para (reformar las penas contra) el microtráfico?”, enfatizó el Mandatario.

En aquella ocasión pidió a la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, que trabaje inmediatamente para hacer una reforma urgente para que las penas guarden proporción respecto del tipo de delito. Aún no se conoce una propuesta al respecto.           

La vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, Mariángel Muñoz, resaltó que en su mesa aún no han recibido la propuesta del Ministerio, aunque sí han dialogado con Zúñiga. Resaltó que muchos asambleístas, sobre todo los de provincias fronterizas, apoyan las reformas para que se mantenga la proporcionalidad de la pena con relación al perjuicio en lo relacionado al contrabando de combustible.

Muñoz indicó que dentro del bloque PAIS hay casi un acuerdo en esta reforma. Aunque enfatizó también que hay un grupo de legisladores que resaltan que no es favorable hacer cambios cuando la norma tiene poco tiempo de vigencia. Ellos temen que se modifiquen las normas según la coyuntura. En todo caso las reformas una vez ingresadas a la Asamblea deberán seguir el proceso correspondiente.

Habrá que elaborar los informes de la comisión y realizar los dos debates en el pleno. Será la mayoría quien apruebe o no las reformas que se planteen.

La vicepresidenta de la Comisión enfatizó que en ningún caso se trata de no penalizar el delito. Eso no está en discusión, según dijo.   

La Comisión de Justicia ha recibido hace 2 semanas varias reformas al Código Penal, señaló la asambleísta Muñoz. (I)