La Comisión 30-S, encabezada por Carlos Baca, presentó ayer el informe final sobre la sublevación policial e intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010.

La Comisión indica que el 30-S se intentó llevar a cabo un golpe de Estado blando, que, según el informe final de la entidad, fue planificado y tuvo una serie de reuniones en Quito, y fuera de esa ciudad, entre militares en servicio activo y pasivo.

Los comisionados estimaron que organizaciones políticas, como el MPD, tuvieron participación activa en 15 provincias. Argumentaron que ciertos medios manipularon y sesgaron la información previo al 30-S sobre la Ley de Servicio Público, que en esos momentos se debatió en la Asamblea Nacional.

Por ello, consideraron que no fue un problema de salario o de suspensión de beneficios. “El rechazo violento al Presidente en el Regimiento Quito evidencia que no se trató de reclamo salarial”, dijo Baca.

En el informe también detallaron que hay indicios de que los saqueos en Guayaquil fueron planificados y organizados por líderes de las invasiones. “En la Asamblea se pidió amnistía en el momento que se desarrollaba un delito penal en curso”, afirmó Baca.

Detallaron que la toma del edificio de los medios públicos en Quito, en donde funciona EcuadorTV, tuvo la intención de amplificar el caos que se había registrado en horas de la mañana. Confirmaron que la seguridad del presidente Correa fue fragmentada en su rescate.