El próximo 1 de octubre se celebrará el Día Internacional de las Personas de Edad, por resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Es una fecha para visibilizar la realidad de las personas adultas mayores e instar a los Estados para que asuman los desafíos que significa la ‘revolución demográfica’.

El 5 de octubre, en la Universidad San Francisco de Quito, se realizará el seminario ‘Del Plan a la Acción de los Derechos de las Personas Mayores’. Patricia Celi, coordinadora de este evento y parte del Colegio de Ciencias Sociales y Humanas de este centro de educación, detalla los objetivos de esta propuesta.

Salvo algunos eventos públicos aislados, el Día Internacional de los Adultos Mayores pasa desapercibido en Ecuador, ¿qué se pretende con el seminario ‘Del Plan a la Acción por los Derechos de los Adultos Mayores’?

Se busca visibilizar y articular los avances y desafíos en el ejercicio de los derechos  de las personas de edad en Ecuador. Para eso, este encuentro pretende generar conocimiento técnico e integral sobre la vejez y el envejecimiento y, al mismo tiempo, reflexionar y estimular la creación de políticas sociales geriátrico-gerontológicas que atiendan las principales demandas de este grupo etario. Lo que buscamos es construir un espacio de evidencia académica, técnica y social, que aspira a aportar con herramientas viables para el ejercicio, la práctica y el respeto de los derechos humanos de las personas adultas mayores.

¿Cómo lograr que el tema del envejecimiento sea una prioridad desde la academia, la sociedad civil, los Estados, los políticos y desde la ciudadanía?

En torno al envejecimiento y la vejez se tiene una concepción relacionada a la inactividad, incapacidad e improductividad. Alrededor de estos imaginarios los estados, comunidades y familias han propiciado y ejecutado políticas y acciones asistencialistas y de caridad para atender las necesidades del adulto mayor. En ese sentido, el siguiente paso debe orientarse a la búsqueda de mecanismos e iniciativos, a fin de recuperar el rol de los adultos mayores y liberar a otras generaciones e instituciones de prejuicios que distorsionan el proceso de envejecimiento, en un período difícilmente llevadero por su sanción y devaluación.

Seguridad social, salud, participación y organización son algunos derechos de las personas mayores, ¿cómo incidir con este evento en las instancias donde se diseñan las políticas públicas?

Uno de los horizontes de este evento es demostrar la importancia de partir de una visión de largo plazo con un enfoque de ciclo de vida, que significa no solo crear alternativas y lograr buenas condiciones para niños y jóvenes, sino también introducir procesos de planificación y acción específicos para lograr un envejecimiento digno. Los participantes del seminario, desde sus diversas experiencias, justamente plantearán la importancia de una política pública integral, intersectorial y preventiva que asegure que las personas al llegar a su vejez  lo harán en un buen estado de salud y bienestar, en medio de entornos favorables para el desarrollo óptimo de sus condiciones, con la suficiente oferta de servicios adecuados y de calidad que atiendan las necesidades propias de su edad. La política pública debe superar la idea de asistir somera y coyunturalmente a las demandas de los adultos mayores con ciertos programas no institucionalizados que aparecen y desaparecen con cada nuevo gobierno.

La organización de este seminario se articula con varias organizaciones que fomentan la construcción de una sociedad para todas las edades, ¿este es un hecho aislado o existe una hoja de ruta, con otros actores, que apunten a este objetivo?

Las instituciones comprometidas con la organización son el Capítulo Ecuador de la Coordinación Regional de Organismos de la Sociedad Civil de América Latina y el Caribe sobre Envejecimiento y Vejez (CORV), la Universidad San Francisco de Quito y la Defensoría del Pueblo. Se cuenta con el patrocinio del Parlamento Andino y de la Coordinadora Política de Mujeres Ecuatorianas -núcleo Pichincha-. La CORV diseñó la agenda, metodología y objetivos, la USFQ -a través del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades-, otorgó el respaldo y apoyo académico y la Defensoría del Pueblo el aval público-político. Cada organización se ha vinculado en respuesta a un principio de corresponsabilidad frente al tema, porque representan a la academia, sociedad civil y Estado, cuyos roles se corresponden en el análisis y ejecución de planes y estrategias para la promoción y defensa de los derechos de las personas de edad. La hoja de ruta ha estado marcada por la generación de relaciones interinstitucionales para incidir en las reflexiones ciudadanas y en la política pública.

¿Quiénes podrán participar en este evento y cómo se canalizarán sus aportes?

La agenda comprende cuatro paneles de discusión sobre salud, seguridad social, servicios sociales y participación ciudadana, en los cuales, desde la voz de los propios adultos y de los sectores académicos, institucionales y de la sociedad civil involucrados en el ámbito geriátrico-gerontológico, se abordarán los aspectos que se tornan transversales al hablar de los derechos de las personas de edad. El evento está abierto a todo público porque el tema de la vejez y el envejecimiento no es competencia de ciertos actores que abordan este ámbito en su trabajo, sino de la población en general. Los aportes serán canalizados en un documento que reúna y sistematice esta experiencia.

¿Cuál debe ser el rol de las universidades con los adultos mayores?

Creo que las universidades tienen una enorme deuda con los adultos mayores. Plantear el tema de la adultez mayor en las agendas de la academia no solo implica producir conocimiento biológico y fisiológico sobre las personas de edad, sino también, y a partir de eso, caracterizar y problematizar sus condiciones sociales, económicas y de salud, evaluar las políticas y programas destinados a este segmento poblacional y proponer alternativas e instrumentos específicos para la garantía de sus derechos. Por eso es importante promover las relaciones intergeneracionales a través de la transversalización del tema de la vejez y el envejecimiento, no solo en los contenidos de aprendizaje a los estudiantes, sino también en los proyectos y programas propios de las instituciones educativas. El punto es que las universidades también se involucren activamente en la construcción de una sociedad para todas las edades.

¿Y el rol de la sociedad civil?

La sociedad civil vinculada a la vejez, específicamente las organizaciones de y para adultos mayores, favorece la mejora de la calidad de vida de este grupo poblacional, fortaleciendo los aspectos más frágiles en la oferta de servicios públicos y desempeñando una importante función en la vigilancia, defensa y promoción de los intereses de las personas de edad. En ese marco, tiene un papel trascendental en cuanto a la observancia del respeto a los derechos humanos y el reconocimiento del rol de las personas adultas mayores como actores sociales importantes, no únicamente como receptores pasivos. (I)