La empresa Lafattoria está en el centro de los cuestionamientos. Ha estado a cargo de la alimentación en las cárceles del país entre 2012 y lo que va de 2024. Ahora, el Gobierno Nacional alertó a la Fiscalía sobre posibles actos ilícitos a partir de la prestación del servicio.

Lafattoria tiene registro en la Superintendencia de Compañías. Es una empresa tipo anónima y su sede está en Guayas. En el registro de la Superintendencia de Compañías se establece que la gerente general es Aracely Pincay.

Un examen especial de Contraloría, elaborado entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de mayo de 2019, señala que el extinto Ministerio de Justicia fue el encargado de firmar contratos con esa compañía.

Uno de ellos tiene fecha 30 de diciembre de 2017 y se firmó para la prestación del servicio entre el 1 de enero de 2017 y el 1 de enero de 2018 por un valor de USD 26,6 millones. También se firmó un contrato complementario con el mismo proveedor el 19 de octubre de 2017 por USD 9,3 millones, según la entidad de control.

Pero, en diciembre de 2017 empezaron las gestiones para lanzar los nuevos procesos para buscar proveedores. El problema es que se declararon desiertos. El examen recoge la información de dos procesos, uno declarado cancelado el 17 de enero de 2018 y otro desierto en marzo del mismo año.

En la práctica, eso ocasionó que "que existan periodos de tiempo sin un documento formal para brindar el servicio de alimentación", según la Contraloría. Pero, la comida igual llegó a las cárceles y por eso se firmaron dos convenios de pagos para el servicio de alimentación, desde el 27 de enero hasta el 11 de mayo de 2018, detalló el órgano de control.

El 14 de junio de 2018 se firmó otro contrato con vigencia de 166 días por USD 17 millones y un contrato complementario por USD 1,3 millones. Sin embargo, ese año inició el proceso de transición por la extinción del Ministerio de Justicia.

Así, durante el gobierno del expresidente Lenín Moreno se creó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI). Hasta el momento no se ha concretado un proceso de licitación para encontrar un proveedor.

El actual Gobierno, en la notitia criminis (alerta a la entidad competente sobre un posible delito), presentada en Fiscalía este 2 de mayo de 2024, hace referencia a alertas categorizadas como secretas por el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).

Ese informe habla de posibles actos ilícitos de la empresa Lafattoria, que presta el servicio de alimentación en algunas cárceles del país. En un comunicado emitido esta tarde, el Ejecutivo señala que no dará cabida a ningún acto que atente contra la integridad pública, ni tampoco relaciones con supuestos proveedores cuyos vínculos sugieran conveniencia con el crimen organizado.

"Toda conducta monopólica será investigada y puesta en conocimiento de las autoridades competentes", declaró el Gobierno Nacional.

Por su parte, el presidente Daniel Noboa dijo: “Jamás favoreceremos a proveedores del Estado que tengan vínculos con el crimen organizado”.

También escribió en su cuenta de X: “Son 171 millones los que el proveedor de alimentos de las cárceles del país ha acumulado desde 2015. 171 millones que, de comprobarse la vinculación a los actos ilícitos presentados hoy en la denuncia a la Fiscalía, habrían sido destinados a financiar a estas organizaciones criminales”.

Ayer, Richard Villagrán, representante de Lafattoria, fue entrevistado en la radio Notimundo. Ante la pregunta sobre si ha mantenido un monopolio de ese servicio dijo que han sido los únicos que, durante varios años,  pudieron con ese desafío. Agregó que, actualmente, hay dos empresas que ofertan el servicio.