La Fiscalía General del Estado formuló cargos por presunta asociación ilícita contra los exconsejeros Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga y Yadira Saltos, así como contra la actual consejera Nicole Bonifaz, por su participación en el denominado Caso Ligados.

Las pruebas incluyen conversaciones extraídas del teléfono de Verduga, quien usaba el alias “MónicaErtl” en la plataforma Signal.

Estos chats revelan la supuesta influencia de la autodenominada "Liga Azul", afín al correísmo, para designar autoridades en el Estado a cambio de favores políticos y cargos estratégicos.

En las conversaciones, Verduga recomendaba perfiles “correístas a morir” para el Consejo de la Judicatura y manifestaba la urgencia de controlar la Superintendencia de Bancos para evitar que “se siga lavando dinero del narco”.

Además, habría negociado con un contacto de la Asamblea Nacional la entrega de cuatro cargos en esa entidad a cambio de apoyar la designación de Raúl González, ignorando que ya existía un nombramiento oficial a favor de Roberto Romero von Buchwald.

Los chats también revelan pedidos personales de Verduga a la prefecta Paola Pabón, para que empleara a allegados suyos ante su inminente salida del CPCCS.

Además, evocó la muerte de su asesor Jimmy Ruiz, asesinado en 2024 y dijo que sentía temor de que el atentado hubiera sido dirigido contra él.

Finalmente, la exconsejera Yadira Saltos intentó destruir evidencia durante un allanamiento y ordenó “botar todo por la ventana de atrás”.

Para la Fiscalía, estas acciones refuerzan la tesis de que el CPCCS fue utilizado como brazo político, desviándose de su rol institucional.

El Gobierno calificó este accionar como un “golpe de Estado azul” desde el Consejo de Participación Ciudadana, mientras la justicia determinará si estas revelaciones configuran un delito.

Lo que ya se ha hecho evidente es cómo operaban los “ligados” en la interna del CPCCS.