Este lunes, 10 de junio de 2024, Carlos Alarcón, agente fiscal de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, anunció la decisión de trasladar las investigaciones del caso Nene a la Unidad de Fuero de Corte Nacional de Justicia. Esto se da debido a la vinculación de Verónica A. al mismo.

En un video subido a la cuenta de X de la Fiscalía, Alarcón señaló que, en el marco de la instrucción fiscal por presunta oferta de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República, se realizó la ampliación de la versión del denunciante.

“Durante la etapa de instrucción fiscal se han practicado varias diligencias, entre las que se incluyen la ampliación de la versión del denunciante y la documentación relacionada con su contratación por disposición directa de la Señora Vicepresidenta de la República, así como información telefónica a través de las cuales se determinó la presunta participación de la señora Verónica A. en esta causa”, señaló.

También se aclaró que debido a que la Segunda Mandataria tiene fuero de Corte Nacional y según el numeral 3 del artículo 184 de la Constitución de la República y el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, el caso será trasladado a la Unidad de Fuero de Corte Nacional para que se continúe con el debido proceso.

#ATENCIÓN | #CasoNene: #FiscalíaEc informa que –con base en los elementos encontrados durante la instrucción fiscal– esta causa se traslada a la Unidad de Fuero de Corte Nacional.

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— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) June 10, 2024

¿Qué es el caso Nene?

La Fiscalía General del Estado procesó a Francisco B., hijo de la Vicepresidenta de la República, por presunto delito de tráfico de influencias en la Vicepresidencia de la República. Él fue detenido en un operativo ejecutado por esta entidad, con apoyo de la Policía Nacional, la madrugada del 21 de marzo de 2024, en Cuenca.

Ese día se realizaron allanamientos en otros inmuebles de Pichincha y Azuay, en donde se recabaron indicios del presunto delito. Este es el relato, según la Fiscalía.

“Según el relato de la víctima, que consta en el expediente, él habría ingresado a trabajar como funcionario público en la Vicepresidencia de la República en diciembre de 2023.

La noche del 8 de diciembre de 2023, el perjudicado se habría reunido con Francisco Sebastián B. y otra persona en un hotel de Quito. Ambas personas presuntamente le ofrecieron un puesto de trabajo (Coordinador General) dentro del servicio público, con un sueldo de USD 3.200. No obstante, la víctima debía entregar aproximadamente USD 2.000 a Francisco Sebastián B. A.

Luego de negociar, acordaron la entrega de cerca de USD 1.700 al procesado, mientras que la víctima se quedaría con el resto. Para garantizar este pago, convencieron al perjudicado de firmar una letra de cambio por USD 30.600, que sería utilizada como respaldo del monto total que debía ser cancelado en el periodo de un año.

Luego de obtener el cargo ofertado, la víctima no pudo realizar el primer pago acordado y por esa razón se habría coordinado la entrega, personalmente a Francisco Sebastián B. A., de un valor de USD 3.400 en febrero de 2024”.

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