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Fiscalía realizó un allanamiento en cinco gasolineras por una investigación por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos

Fiscalía realizó un allanamiento en cinco gasolineras por una investigación por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos
Fiscalía realizó un allanamiento en cinco gasolineras por una investigación por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos
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La Fiscalía General del Estado a través de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, ejecutó un allanamiento en cinco gasolineras como parte de la investigación en el caso Triple A.
Las estaciones que estarían supuestamente involucradas en esta investigación, se encuentran ubicadas en El Pangui (Zamora Chinchipe), Cariamanga (Loja), Machala, Santa Rosa y Pasaje (El Oro).
Las autoridades llevan a cabo una investigación por presunta distribución y comercialización ilegal de hidrocarburos.
Se levantaron otros indicios como equipos electrónicos, teléfonos celulares y documentación que podría servir como insumo con el hecho investigado. La Fiscalía informó que estos elementos serán sometidos a las pericias correspondientes.
Además, en una de las gasolineras en Machala, se detuvo a una persona por supuesta tenencia de armas de fuego sin la documentación correspondiente.
Contexto del caso
Tras una denuncia presentada por la Agencia de Regulación y Control de Energía de Recursos Naturales no Renovables (Arcernnr), la Fiscalía ejecutó varios allanamientos en oficinas de la empresa Codepesa, ubicadas en Guayaquil y Milagro.
Esta investigación involucra al actual alcalde de Guayaquil, Áquiles A. y a miembros de su familia, que constan como propietarios de la compañía.
El pasado 20 de septiembre, Julio José Neira, secretario general de la Integridad Pública, denunció públicamente que la empresa Copedesa habría perjudicado al Estado ecuatoriano en USD 94 millones en los últimos tres años, a través de un presunto "contrabando de diésel".
Según Neira, la distribuidora de combustibles habría adquirido el combustible con subsidio para comercializarlo en un segmento específico, sea automotriz, naviero o industrial. El ilícito consistía -según el secretario de Integridad Pública- en transferir el diésel de un segmento hacia otro.
El funcionario negó que este sea un caso de persecución política, debido a que el delito habría sido cometido desde antes que uno de los supuestos involucrados haya sido candidato.
"Esto no es una persecución política porque en el momento que se cometió el acto ilícito uno de los sujetos denunciados era un ciudadano sin ninguna afiliación política que tomó ventaja de la corrupción enquistada en el Viejo Ecuador para beneficiarse y ahora es quien maneja los recursos públicos de la Perla del Pacífico", mencionó Neira.

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