Numerosas son las falencias que presenta el servicio del Metro de Quito, a decir de Fernando Sancho, veedor del proyecto. En entrevista para Ecuador TV, el observador aseguró que el nuevo sistema de transporte “ha estado muy mal manejado desde que se firmó el contrato en 2015” y detalló los principales fallos que se han registrado.

Para Sancho, apenas en marzo de 2024 estarían listos todos los parámetros, legales y técnicos para el buen funcionamiento del Metro. “Actualmente no hay sistema de comunicaciones, ni mantenimiento, ni seguro para el sistema, ni protocolos de seguridad, ni señalización”, comentó el veedor.

Conductores no tienen licencia

“Si yo conduzco un vehículo sin licencia, hay una Ley que me sanciona”, asegura Sancho. Y sostiene que lo mismo debería ocurrir con los conductores del Metro, quienes no cuentan con la licencia para el manejo de los trenes subterráneos. En Ecuador, para conducir estos vehículos es necesario contar con la licencia tipo E1; sin embargo, los funcionarios que vienen desde Colombia no cuentan con el documento habilitante nacional.

Sistema de cobro

Para Sancho, otro aspecto que demuestra la mala administración es el deficiente sistema de cobro. El veedor asegura que este “es obsoleto” debido a que no tiene conectividad con las máquinas lectoras. Esto causa la demora al momento de ingresar, por lo que otros países que lo usan, como Argentina, lo están reemplazando. Añade que aquí se lo utiliza para darle “una mano al proveedor de este software para que no pierda su inversión”.

Falta de seguro

“Ustedes notarán que los usuarios no usan las gradas eléctricas en las paradas. La respuesta oficial es que están en mantenimiento, pero la verdad es que no tienen seguro”, afirma Sancho. Explica que, debido a la cantidad de gente que utiliza el servicio, este no puede funcionar sin un seguro. No obstante, aún no se ha contratado.

“La pregunta es ¿por qué sacar el Metro si no se puede garantizar la seguridad de los ciudadanos?”, concluye el veedor.

Recomendaciones de fiscalización

Desde que inició el proceso de contratación para el Metro de Quito, los veedores estuvieron alertas a su desarrollo y, al observan posibles falencias e irregularidades, entregaron un informe al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Debido a la situación del organismo y a la falta de respuesta, se entregó el mismo informe a la Contraloría General del Estado, institución que también hizo caso Omiso.

"En el año 2019 se presentó una denuncia por un supuesto sobreprecio de USD 370 millones, todo el mundo viró la cara hacia otro lado (...) Cuando iba a tomarse la versión del señor Rodas, sorpresivamente archivaron la denuncia", dice Sancho.

Señala a la falta de presupuesto como una de las principales debilidades. "Todo proyecto en este país tiene una ley que dice que debe tener un presupuesto; el Metro de Quito nunca ha tenido le presupuesto para funcionar dentro del marco legal", explica.