El Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y la Corte Constitucional (CC) están en medio de un enfrentamiento. El primero quiere revisar la designación de sus jueces. La segunda alerta sobre hacer respetar sus sentencias. Aquí cuatro claves sobre el conflicto.

1. Consulta Popular del 2018

En el gobierno del expresidente Lenín Moreno se realizó un Referéndum. Una de la preguntas en las que ganó el sí fue la de cesar al Cpccs de ese momento para posesionar uno transitorio. Esa instancia fue dirigida por Julio César Trujillo (+).

Una vez instalado, su objetivo fue evaluar a las autoridades en funciones para ratificarlas o cesarlas. Producto de eso iniciaron nuevos concursos de designación, entre ellos el de los nueve jueces de la Corte Constitucional.

2. Blindaje a decisiones del Cpccs Transitorio

La CC, en una sentencia emitida a partir de una causa presentada por el miso Trujillo. Determinó que las actuaciones del Cpccs Transitorio no podían modificarse. Se trata de  un dictamen de interpretación constitucional y su sentencia establece que el Cpccs definitivo “no puede revisar las decisiones tomadas en ejercicio de atribuciones extraordinarias” del Transitorio, después de la Consulta del 2018.

Entre las decisiones que no pueden modificarse están la designación de los jueces de la Corte Constitucional. Al ser un dictamen del máximo órgano de interpretación constitucional, su incumplimiento puede acarrear la destitución de un funcionario.

3. Decisión de Juez de Montecristi

El 29de agosto pasado, el juez de Montecristi, Leiver Quimis, aceptó una acción de protección a favor de Betty Marcillo, para que el Cpccs conforme una veeduría ciudadana para diagnosticar y evaluar las acciones administrativas y designación de jueces hecha por el Cpccs Transitorio.

Alembert Vera, actual presidente del Cpccs dijo ayer, 4 de septiembre, que se dará paso de forma inmediata  a la conformación de esa veeduría. Hizo un llamado para que la ciudadanía se sume para revisar “los actos atroces cometidos por el trujillato”.

Según el constitucionalista Emilio Suárez, el CPCCS está en medo de un dilema jurídico. Respetar la sentencia que blindó las actuaciones del Transitorio o dar paso  lo decidido por el juez de Montecristi.   

Para Suárez, existe una intencionalidad por parte del Cpccs. Y es que nunca apeló la decisión del Juez Quimis, teniendo en cuenta la sentencia interpretativa de la CC sobre lo actuado por el Transitorio.

En ese escenario, la CC ya activó su fase de seguimiento y, en caso de determinar que hay incumplimiento de su sentencia interpretativa, podría destituir a los consejeros del Cpccs que abrieron paso a la revisión.

4. La Corte no es la única vía

Existe un antecedente del Cpccs definitivo sobre revisar lo actuado por el Transitorio. En el 2019, cuatro vocales del Consejo enfrentaron un juicio político en la Asamblea. Terminó con  su destitución.

Suárez señala que la conformación de la veeduría podría ser causal para un nuevo juicio político una vez que se instale la nueva Asamblea. Sin embrago, la activación de esa vía no cierra la posibilidad de lo que decida la Corte Constitucional.