El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) quiere empezar de nuevo. Este 11 de octubre del 2023, por unanimidad, los consejeros decidieron cumplir con la decisión de la Corte Constitucional sobre su dictamen interpretativo del 2019. 

Ayer, Nicoles Bonifaz asumió la presidencia del organismo. Después, con apenas cuatro votos de siete posibles, la nueva mayoría eligió a Andrés Fantoni como vicepresidente. A día seguido, este miércoles 11 de octubre, el Pleno resolvió cuatro puntos tras la destitución de Alembert Vera.

El primero tiene que ver con dejar sin efecto todas las actuaciones emitidas en el Cpccs que han constituido un incumplimiento del dictamen de la Corte. Se refiere al blindaje que pesa sobre las decisiones que tomó el Consejo de Participación Transitorio, que ejerció sus funciones después de la Consulta Popular del 2018.

El otro punto es “disponer a las áreas administrativas internas, garantizando el debido proceso, implementar todas las acciones para el cumplimiento integral del auto de verificación referido”.

La presidenta @nicolebonifaz presentó la moción sobre las acciones que el #CPCCS realizará para cumplir con el dictamen de la @CorteConstEcu. pic.twitter.com/5X4z7xWOtl

— Participa Ecuador (@CpccsEc) October 11, 2023

Se refiere la sentencia de la Corte del viernes pasado con la que, no solo destituyó a Vera, sino también determinó que el Cpccs tiene hasta al 23 de octubre para dejar sin efecto la conformación de la veeduría ciudadana para revisar la designación de los jueces de la CC, así como el expediente abierto sobre la fiscal Diana Salazar.

Se aprobaron dos puntos más. Uno relacionado con el seguimiento que deber hacer el área jurídica del Cpccs y otro respecto a un informe que deberá conocer y aprobar el Pleno sobre el cumplimiento de la resolución tomada este 11 de octubre.

En menos de un año, el actual Cpccs ya experimentó la destitución de uno de sus integrantes. El problema se originó con la decisión de un juez que ordenó la conformación de la veeduría ciudadana. Ese proceso ocasionó el seguimiento de la Corte para verificar el cumplimiento de su Dictamen interpretativo del 2019.