Con ocho votos a favor el pleno de la Corte Constitucional (CC) resolvió iniciar la fase de seguimiento a las actuaciones de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esto respecto a la conformación de una veeduría ciudadana que evalúe las actuaciones del CPCCS transitorio pese la existencia de un dictamen interpretativo del 2019 que emitieron sus jueces en ese año.

En la resolución, la CC explica que van a comprobar “si las conductas de los sujetos individualizados (vocales del CPCCS) por acción u omisión, de forma directa o indirecta o por aquiescencia podrían estar encaminadas a contravenir lo expuesto en el dictamen 2-19-IC/19".

Además, ordenan al presidente de ese organismo, Alembert Vera, que, en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto se pronuncie sobre lo siguiente:

1. a) sobre las afirmaciones contenidas en los escritos presentados por los demás miembros del Consejo dentro de la presente causa; y, b) informe sobre el estado en que se encuentra el proceso para la conformación de la veeduría ciudadana. Para tal efecto, remita a esta Corte la documentación completa derivada del mismo.

Así también, la Corte resuelve ordenar que el Abg. Ismael Merizalde Núñez coordinador general de asesoría jurídica del CPCCS remita en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto un informe pormenorizado individualizando sus actuaciones en: i. la convocatoria a la veeduría ciudadana; y, ii. en el proceso 13U05-2023-02325.

Ordenar que el Econ. Gary Abelardo Núñez Loor subcoordinador nacional de control social y el Ing. Fernando David Armas Cuesta coordinador general administrativo financiero informen las actuaciones realizadas a raíz de la sentencia del caso 13U05-2023-02325

Ordenar a la consejera del Consejo de Participación, Betsy Yadira Saltos Rivas, que, en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto, remita un informe individualizado y pormenorizado sobre el proceso de conformación de la veeduría y su participación directa o indirecta en el mismo.

Ordenar al Pleno del CPCCS que, en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto remita un informe pormenorizado de sus actuaciones respecto del proceso llevado a cabo por la institución en contra de la fiscal general del Estado.

Ordenar que el juez de la Unidad Judicial Multicompetente Penal con sede en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, Leiver Patricio Quimis Sornoza en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto remita el audio de la audiencia pública celebrada en la causa.

Ordenar a la Sala Especializada de lo Penal, Penal militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia de Manabí que en el término de 72 horas contadas desde la notificación del presente auto informe sobre el estado del proceso.

Convocar a audiencia pública de seguimiento el día lunes 25 de septiembre de 2023 a las 10h00, vía telemática.

Hasta el momento no ha existido un pronunciamiento por parte de los miembros del CPCCS involucrados.