Según el medio español el Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción de dicho país llevaba meses investigando el pago de coimas por parte de un consorcio español de empresas para hacerse con la adjudicación de un contrato de asesoramiento para la construcción del Metro de Quito.

Las diligencias han permitido recabar indicios que apuntan a que el grupo de compañías pagó al menos 1,2 millones de dólares a funcionarios ecuatorianos para garantizarse el encargo. La denuncia presentada por el Ministerio Público ya ha sido admitida a trámite por la Audiencia Nacional, que ha citado como imputados para mayo a nueve personas, entre ellas, varios empresarios que participaron en los hechos y a los que se acusa de un delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales.

La teoría del Ministerio Público es que los sobornos se dividieron en pagos más pequeños para pasar inadvertidos. Primero se habría entregado un “abono inicial” por más de USD 300.000 y, luego de esto, se habrían entregado aproximadamente 24 pagos por 35.000 dólares cada uno. Estos pagos se habrían dado con la finalidad de adjudicarse un contrato de 20 millones.

Su destinatario fue uno de los hijos de Gonzalo Alonso Martínez, cónsul honorario de Ecuador en Madrid, quien, según las sospechas, creó una sociedad ficticia solo para recibir el dinero. Por otra parte, Jesús Miguel Trababa, responsable máximo de Bustren se encuentra en el centro de la operación.

Trababa fue consejero delegado de Metro de Madrid entre los años 2003 y 2011, y —según indica el medio español— desde allí pudo conocer al detalle los planes del Municipio de Quito sobre el proyecto del metro, e incluso se reunió con el alcalde de aquella etapa que visitó Madrid.

Para 2013, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito, que entonces tenía por gerente general a Édgar Jácome Zambrano, puso en marcha una licitación para contratar una gerencia del proyecto. A su vez, Trabada firmó un contrato privado con responsables de Prointec y KV Consultores para formar un consorcio y presentar una oferta. Así surgió la sociedad ecuatoriana Consorcio GMQ, integrada por las empresas antes mencionadas; excepto Bustren, ya que no cumplía los requisitos mínimos de antigüedad. Sin embargo, en el contrato privado quedó reflejado que Bustren, la empresa de Trabada, acumularía la participación principal, con un 80 %, mientras que las otras 10 % cada una.

Luis Rodríguez Sol, fiscal al frente de las pesquisas, asegura que GMQ influyó a través de los sobornos incluso en la fase previa de la licitación, de forma que el pliego de condiciones fue el resultado de una negociación concertada. Supuestamente todo fue pactado hasta tal punto que los miembros de la comisión técnica de Quito fueron indicando cómo debía ser la oferta para que tuviera éxito.

En junio de 2013, Metro de Quito otorgó el contrato de asesoría al consorcio. Recién un mes más tarde, el grupo ganador se constituyó formalmente como sociedad y abrió cuentas bancarias en Ecuador. La obra se encuentra ya en su etapa final de entrega ya que aún no se tiene a la empresa que pueda gestionarla.

Este medio buscó una versión con la Empresa Metropolitana Metro de Quito, pero su área de comunicación indicó que habrá un pronunciamiento cuando la dirección jurídica cuente con todos los insumos del caso.