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La revelación del caso ha generado una ola de indignación ciudadana

Una mafia de papel higiénico opera en Chile

Las firmas acusadas de corrupción CMPC Tissue y SCA poseen el 90% del mercado del papel tissue en Chile. Foto: La Tercera
Las firmas acusadas de corrupción CMPC Tissue y SCA poseen el 90% del mercado del papel tissue en Chile. Foto: La Tercera
06 de noviembre de 2015 - 00:00 - Por Alejandro Tapia, corresponsal en Chile

Un escándalo que ha remecido el mundo empresarial y político en Chile, con fuertes repercusiones e indignación ciudadana, se acaba de destapar en el país lo que la prensa local calificó como el “cartel del papel confort”.

Esto, después de que se revelara que entre los años 2000 y 2011 las empresas del rubro del papel tissue se coludieron de forma ilícita para fijar los precios y repartirse el mercado, que incluye servilletas, pañuelos desechables y papel higiénico. Este último se conoce popularmente en Chile con el nombre de la marca ‘Confort’.

En uno de esos casos en que los chilenos dejan sentir su indignación, a través de las redes sociales, se supo que las firmas CMPC Tissue y SCA -que poseen el 90% del mercado y que suman ventas anuales por más de $ 400 millones- se coludieron, como ocurrió en su momento con las farmacias chilenas.

Este hecho ha generado gran impacto, ya que el papel higiénico es uno de los artículos que determina el Índice de Precios al Consumidor, que ilustra el costo de vida de las familias chilenas.

Todo comenzó en diciembre de 2014, cuando la Fiscalía Nacional Económica inició una investigación por posible colusión en el mercado del papel higiénico. Pero recién la semana pasada se conoció que tanto la CMPC como la SCA se acogieron al beneficio de la delación compensada. Así, la primera compañía obtuvo una exención de la multa y a la segunda le disminuyeron la sanción.

El caso del “cartel del papel confort” ha generado todo tipo de manifestaciones ciudadanas. En ese sentido, la “metáfora”, que algunos chilenos dicen que tiene el caso, se relaciona con el hecho de que parte del empresariado ha cometido actos de abusos, incluso “hasta con el papel que se utiliza en el baño”. Por eso, se ha iniciado una campaña ciudadana, una suerte de boicot para que los consumidores dejen de comprar las marcas involucradas en el escándalo.

Además, ha generado más indignación el hecho de que la investigación de la Fiscalía determinó que las empresas usaron cuentas falsas de correo electrónico para la colusión, incluso arrojaron computadoras a un conocido canal que atraviesa un acomodado barrio de Santiago.

El caso ha tenido también fuerte repercusión entre la élite, ya que la CMPC es controlada por una conocida familia empresarial chilena, el grupo Matte, mientras que la SCA fue creada por Gabriel Ruiz Tagle, quien era presidente de Blanco y Negro -sociedad anónima que maneja el club deportivo Colo Colo- y ministro de Deportes en el gobierno de Sebastián Piñera.

Pero lo que más enoja a los chilenos es que este tipo de delitos suele quedar en la impunidad, con multas irrisorias para los empresarios y sin penas de cárcel.

En Chile la ley que penaba con cárcel efectiva la colusión hasta el año 2003 fue derogada y se optó por sustituirla con otras multas. El pasado marzo el gobierno de Michelle Bachelet presentó un proyecto de ley que repone la pena del presidio.

Por otro lado, se calcula que mientras en el año 2000 los precios de los productos de papel tissue cayeron un 21%, en los años siguientes tuvieron un aumento sostenido, de hasta 31% en 2008, el último año en que se tienen cifras comparables. En lo que va del año, el papel confort registra un alza de 7,5%.

A tal nivel ha llegado el escándalo de colusión, que incluso la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) la principal asociación gremial de las empresas chilenas, pidió a las compañías coludidas reparar el daño provocado.

También el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) evalúa las demandas colectivas y oficiará a las empresas coludidas para buscar una compensación a los consumidores.

“Altos ejecutivos han expresado su arrepentimiento, por lo que creemos que llegó el momento de pasar de las palabras a los hechos, y ese arrepentimiento significa ofrecer compensaciones y devolver lo que se le cobró mal a los consumidores”, afirmó el lunes el director del Sernac, Ernesto Muñoz. Esto, sin perjuicio del requerimiento que presentó la Fiscalía Nacional al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

“Queremos tener penas de cárcel para estos casos, pero también lo que ha pasado muestra la importancia de la delación compensada”, dijo el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. (I)

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