En América Latina suele decirse que, a diferencia de otras latitudes, la policía chilena es incorruptible. Incluso algunos lanzan un consejo a quienes se aprontan a visitar Chile: “Por nada del mundo intentes sobornar a un carabinero (policía)”. Junto con la radio y la Policía de Investigaciones (PDI), Carabineros es una de las tres instituciones más admiradas por la mayoría de los chilenos. Sin embargo, un creciente caso de corrupción al interior de este organismo está cambiando esta percepción.

Hasta ahora, Carabineros (policía chilena) se había mantenido al margen de las denuncias de irregularidades que se conocieron en los últimos tres años contra el gobierno, políticos de diferentes partidos, empresarios e instituciones como las Fuerzas Armadas. Eso, hasta que la semana pasada estalló uno de los más graves casos de corrupción en sus filas, después de que 17 uniformados fueran acusados por los delitos de malversación de fondos públicos, asociación ilícita, lavado de dinero y fraude al fisco.

Este caso, que concita un altísimo interés público, se remonta al 6 de marzo pasado, día en que el general director de Carabineros, Bruno Villalobos, reconoció un millonario fraude al interior de su institución, dando de baja a nueve uniformados. Lo que ocurrió a partir de ese momento es una oscura trama que ha ocupado los titulares de los principales medios chilenos durante varios días.

Una semana después del reconocimiento público del general Villalobos, este tuvo que asistir a una comisión de la Cámara de Diputados ante la que admitió que el fraude en Carabineros alcanza, nada menos, que $ 15 millones. Los policías implicados están apostados en Santiago y en la región austral de Magallanes.

“Aquí no se va a esconder nada, se va a comunicar todo lo que se tenga que comunicar y lo que haya realmente”, sostuvo Villalobos.

Hasta el momento se sabe que, entre 2011 y 2015, algunos carabineros desviaron fondos destinados al pago de salarios a cuentas personales de oficiales de la institución. Según constata el diario La Tercera de Chile, cuatro oficiales del escalafón de Intendencia de Carabineros, es decir, de la unidad encargada de las remuneraciones, sustraían fondos y los depositaban en las cuentas particulares de otros policías de más bajo rango, quienes al retirar el dinero se quedaban con el 10% y lo devolvían en efectivo a sus superiores.

Así, por ejemplo, están implicados los oficiales Robinson Carvajal (teniente coronel), que tenía a su cargo tareas de administración y finanzas y que se le descubrieron dos motos BMW modelo 2016 además de ocho propiedades avaluadas en  $ 300.000; Pedro Valenzuela (teniente coronel), encargado de normas y procedimientos y controles del departamento de finanzas de Carabineros y el coronel Jaime Paz Meneses, encargado de la elaboración y administración del presupuesto de la policía local, entre  otros coroneles y capitanes. Fueron dados de baja, en una potente señal de parte de la institución.

Agentes recuperan libertad

Este fraude no tiene precedentes en Carabineros, organización que si bien participó en la represión y violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet, era respetada por supuestamente no recibir sobornos. Incluso, a pesar de que los carabineros suelen reprimir manifestaciones estudiantiles u de otro tipo, el 77% de los chilenos valora esa institución de manera positiva de acuerdo con un sondeo Plaza Pública Cadem de febrero. Esta misma encuestadora hizo un estudio tras el escándalo y la visión favorable a Carabineros bajó a 65%, mientras que el 26% ahora los ve de manera negativa.

Pero el escándalo está lejos de terminar. El fin de semana los 17 uniformados implicados fueron arrestados, pero tras unas pocas horas recuperaron su libertad el lunes, algo que ha generado un terremoto político. La defensa alegó que a los imputados no se les informó sobre los cargos por los que están acusados y que el control de detención, efectuado por Carabineros, debió realizarse en los tribunales correspondientes al arresto. En otras palabras, no se procedió según la ley.

Esto generó la reacción del gobierno de Michelle Bachelet. El ministro del Interior, Mariano Fernández -cuya cartera está a cargo de la seguridad del país- afirmó que todo es “responsabilidad directa del Ministerio Público”. Las palabras de Fernández, que en el papel es el Vicepresidente del país, generaron a su vez la reacción del fiscal del caso, Eugenio Campos, quien dijo que “lo más probable es que el ministro del Interior nunca haya tenido una orden de detención judicial”.

La mandataria, por su parte, aseveró que “el Gobierno no va a tolerar ningún tipo de corrupción”.

“Todas las instituciones corren el riesgo de que algunas personas no cumplan con la probidad o con la transparencia. Pero unas pocas personas no pueden manchar el prestigio de las instituciones como Carabineros y el Ejército de Chile... Aquí no hay el intento de colocar la basurita bajo la alfombra”, dijo Bachelet.

Así, además del caso que de todos modos sigue su curso natural de investigación, los chilenos también contemplan una suerte de espectáculo de las autoridades, quienes se han trenzado en una crítica tras otra por este escándalo que no hace más que crecer cada vez más. (I)