Redacción y agencias AFP y EFE

Más de tres millones de votantes estaban habilitados para sufragar ayer en Costa Rica, en donde dos candidatos debían lograr un cupo para disputar la segunda vuelta el próximo 1 de abril. Hasta el cierre de esta edición se desconocían los resultados.

Los costarricenses acudieron a las urnas para elegir al presidente y 57 diputados para el período 2018-2022, tras una campaña llena de ataques y en la que primó el tema religioso ante la apertura al matrimonio igualitario.

Una campaña atípica en la que los 13 aspirantes a la presidencia brillaron poco por sus propuestas para reducir el déficit fiscal o la pobreza, para combatir la inseguridad, mejorar el transporte público o proteger el medio ambiente, pero sí destacaron por pleitos entre ellos y por posturas religiosas.

El nuevo presidente comenzará su mandato el próximo 8 de mayo en sustitución de Luis Guillermo Solís.

Luis Antonio Sobrado, presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó que la primera mitad de la jornada transcurrió sin incidentes y mostró una enorme participación de los votantes.

El desarrollo del proceso
Los primeros costarricenses que votaron lo hicieron desde el exterior en los centros electorales de Australia (16:00 del sábado de Costa Rica o 06:00 del domingo en Canberra). Le siguió China y otros países asiáticos y europeos. Casi 32.000 personas estaban registradas para votar en 52 consulados de 42 países.

En Costa Rica, la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) destacó ayer la paz y tranquilidad en los 6.600 centros electorales del país.

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia,  quien encabeza la misión integrada por especialistas de la OEA en materia electoral, destacó la organización y dirección de su equipo de trabajo.

La representación de la organización panamericana la integraron 15 personas de 13 nacionalidades, quienes son expertas en temas como organización electoral, financiación, tecnología y justicia electoral.

Los datos del Tribunal Supremo de Elecciones indicaron que en estos comicios participaron 99 observadores internacionales.

El matrimonio igualitario
El 9 de enero fue la fecha clave, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió una opinión consultiva tras una pregunta del Estado costarricense, en la que instó a permitir el matrimonio igualitario.

Fabricio Alvarado, candidato conservador, quien apenas aparecía en las encuestas, emitió una fuerte oposición al matrimonio homosexual y en defensa de la familia tradicional; además, prometió desconocer el pronunciamiento de la Corte Interamericana al considerarlo una intromisión en asuntos internos del país.

El politólogo Felipe Alpízar, director del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP), explicó que el apoyo a Alvarado, quien es evangélico, se explica por la tendencia conservadora de la sociedad, que en proporción de dos a uno se posiciona contra temas como el matrimonio homosexual, el uso recreativo de la marihuana y el estado laico.

Antes de la opinión de la Corte Interamericana, la elección estuvo dominada por el rechazo a la corrupción, provocado por un escándalo con la importación de cemento chino, que reveló una red de tráfico de influencias en los tres poderes del Estado.

También la inseguridad motivó la intención de voto ante un drástico aumento en el número de homicidios, que en 2017 alcanzó 12,1 por cada 100.000 habitantes, el más alto en la historia del país.

Una consulta del CIEP, divulgada el 31 de enero, señaló que el 36,5% de los electores no sabía por quién votar, más del doble del 17% de apoyo a Alvarado -postulado a la presidencia por el partido Restauración Nacional-, liderando así los sondeos.

En esta encuesta, le siguieron el exdiputado y abogado Antonio Álvarez, de 59 años, del tradicional Partido Liberación Nacional (PLN), con 12,4%, y el exministro y periodista Carlos Alvarado (38), del gobernante Partido Acción Ciudadana (PAC), con 10,6%. No obstante, ninguno tenía el 40% que necesitaba para ganar la primera vuelta electoral.

De acuerdo con el CIEP, el 80% de la población costarricense dice que la religión es importante en su vida y 70% se identifica como católico.

Pero la posible victoria de Alvarado no es tan alentadora para todos sus compatriotas. Nelia Araya, estudiante de 20 años que votó por primera vez, señaló estar nerviosa ante su discurso homofóbico.

Costa Rica es una de las democracias más estables de América Latina. Con elecciones presidenciales cada cuatro años, se mantuvo intacta durante la década de los 80, cuando otros países de la región vivían guerras civiles. (I)

Centroamérica, una de las zonas más violentas del mundo
América Central registró al menos 14.575 homicidios en 2017, lo que confirma que es una de las zonas más violentas del mundo, de acuerdo con el último informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Aunque, por otro lado, este estudio cuenta con una bajada en esa estadística en casi todos los países, con la notable excepción de Costa Rica, respecto a las cifras del año anterior.

Con alrededor de 50 millones de habitantes, la gran mayoría pobre, el crimen organizado, especialmente las bandas que trafican drogas desde Sudamérica hacia Estados Unidos, y las pandillas, siguen siendo los principales responsables de la extrema violencia que no solo deja esa estela de muerte sino que, además, empuja a miles de personas a huir de la región cada año.

Cuatro de los cinco países centroamericanos hispanohablantes registraron caídas en las estadísticas, incluido el mortífero Triángulo Norte que conforman El Salvador, Honduras y Guatemala, lo que funcionarios de la ONU atribuyeron a un mayor control de la seguridad por parte de los Estados y al fortalecimiento de los organismos garantes de la ley.

Datos de la ONU de 2016 revelan que el Triángulo Norte concentró el 11 % de los homicidios de América Latina, siendo la mitad de las víctimas jóvenes entre 15 y 29 años y las armas de fuego las más utilizadas (8 de cada 10).

En 2017 los números oficiales dan nuevamente a El Salvador el liderato en los homicidios: una tasa de 60 por cada 100.000 habitantes o 3.954 casos, con una caída del 25% respecto a los 5.280 de 2016.

Las autoridades de ese país de más 6 millones de habitantes y  2,8 millones de expatriados, solo en EE.UU., atribuyen la bajada en la estadística a un plan de mano dura contra las  pandillas, aplicado desde 2016. (I)