La tensión entre los abogados del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lulad a Silva y el juez Sergio Moro marcó el inicio del juicio por corrupción contra el ex jefe del Estado, que acusa al magistado de abuso de poder y de haber iniciado una cacería en su contra con parte del Poder Judicial aliado con la derecha política y los grandes medios de comunicación.

Acusado por la fiscalía de haber recibido como dádiva un apartamento en la playa de Guarujá, estado de Sao Paulo, Lula, ausente en el juicio -que no puede seguirse públicamente- salió airos de las acusaciones específicas en la primera tanda de testigos propuestos por los fiscales de la Operación Lava Jato, que investiga la corrupción en Petrobras.

El testimonio más importante fue el del  ex senador Delcidio Amaral, quien dijo creer que el ex presidente, hoy su rival político, sabía como funcionaba el reparto de cargos en la petrolera estatal Petrobras aunque reconoció que nunca conversó con el ex mandatario sobre acciones ilícitas o corrupción.

Lula enfrenta cargos de haber recibido un apartamento en el balneario de Guarujá por parte de la empresa OAS supuestamente como parte de la trama de sobornos de la estatal Petrobras. El niega estos cargos y sostiene que nunca llegó a comprar el apartamento, que incluso visitó, como parte de un ofrecimiento de venta hecho por la firma OAS, acusada de pagar sobornos en Petrobras.

La audiencia estuvo marcada por la tensión entre los abogados de Lula y el juez, a quien uno de los letrados llegó a vincular al fascismo italiano y imputarle violar el código de procedimiento por querer indagar cosas más allá de la acusación. Moro es una celebridad en Brasil porque investiga el mayor escándalo de corrupción de la historia del país desde 2014 y varios analistas lo vinculan a la situación política que derivó en la destitución de Dilma Rousseff el 31 de agosto en un juicio político.

En la audiencia el ex presidente de la constructora Camargo Correa, Dalton Avancini, un corruptor que confesó haber pagado sobornos por 100 millones de reales por el 1% de obras públicas a directores de Petrobras, declaró y dijo que nunca se reunió con Lula, nunca supo sobre corrupción vinculada al ex presidente personalmente y desconoce el caso del apartamento en la playa.

El ex senador Amaral fue quien más abundó en el contexto de la corrupción pero no ofreció pruebas ni declaraciones directas sobre el fundador del Partido de los Trabajadores (PT). "Lula no sabía los detalles, pero sabía de los proyectos y de los intereses involucrados. El no tenía injerencia directa. Pero absolutalmente había en Petrobras una situación de corrupción sistemática", dijo Delcidio Amaral, un senador destituido por sus pares por corrupción.

Amaral era el líder del gobierno de Dilma Rousseff en el Senado y fue detenido tres meses acusado de planificar la fuga del país de un ex director de Petrobras corrupto confeso, Néstor Cerveró, uno de los delatores de la trama involucrando al Partido de los Trabajadores, el Partido Progresista (PP) y el Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).

Afiliado al Partido de los Trabajdores desde 2002, Amaral había sido ministro de Energía desde 1992, en el gobierno de Itamar Franco, y luego fue un directivo de la petrolera estatal en la época de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Acusa a Lula de saber de la red de corrupción montada en el escalón medio de Petrobra supuestamente para recaudación de los partidos oficialistas. "Nunca conversé de esto con Lula. El no daba espacio para esto, yo no tenía una relación próxima con el pero esto era sabido, yo siempre conversé con políticos, por mi condición de senador y líder del gobierno en el Senado y también conozco a los empresarios involucrados", dijo el senador.

Los defensores de Lula se quejaron porque durante la audiencia el juez Moro y los fiscales preguntaban más allá del asunto juzgado. "No se ha aportado ninguna prueba contra Lula", dijo el abogado Cristiano Zanin Martins, en el marco del enfrentamiento que la defensa del ex mandatario tiene con la fiscalía y el juez Moro, a quien denunció ante la comisión de derechos humano sde la ONU por abuso de poder y persecución política. El juicio abierto también involucra al vínculo entre Lula y el titular de la constructora OAS, Leo Pinheiro, quien confesó haber pagado sobornos para obtener con otras empresas aliadas en cartel licitaciones de Petrobras a directivos de la petrolera.  Pero nada contra Lula.

Este asunto que está siendo juzgado para determinar si la trama de Petrobras está vinculada a Lula y al acuerdo que tenía el Instituto Lula, ONG del ex presidente, con la empresa OAS, para mantener el archivo de los objetos recibidos por el ex mandatario durante su gestión. La tensión en la sesión se dio cuando uno de los defensores de Lula, Roberto Batocchio, se quejó porque Moro le negó varias demandas. "Usted es el juez del proceso, pero no es el dueño del proceso. El límite es la ley y la defensa tiene derechos. Parece que usted quiere eliminar el derecho de defensa. Imaginé que eso había sido sepultado por los Aliados en 1945. Veo que renace aquí, en esta región agrícola de nuestro país", dijo Batocchio en referencia a la ciudad de Curitiba, del sureño estado de Paraná.

"Están haciendo de la audiencia una seguidilla de tumultos", se quejó el juez Moro.

La fiscalía federal de Paraná, a cargo de la acusación en la Operación Lava Jato, que incluso impulsa un paquete de leyes en el Congreso contra la corrupción, llamó también a otros testigos, como los ex Camargo Correa Avancini y Eduardo Leite, todos corruptores confesos de funcionarios, y Carlos Mendonca, un arrepentido de la firma Toyo Setal, constructora de astilleros. Ninguno involucró al ex presidente. Esta semana se escucharán más testigos hasta el viernes, en la primera etapa de recolección de pruebas. (I)