El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva tiene plazo hasta el próximo martes para presentar un último recurso ante la Justicia para intentar evitar su encarcelamiento para purgar la pena de 12 de prisión a que fue condenado por corrupción, informaron fuentes judiciales.

Tal opción es la última esperanza que le queda al exjefe de Estado, el líder más emblemático de Brasil y líder de los sondeos de intención de voto para las elecciones presidenciales de octubre próximo, tras la derrota que sufrió la víspera en la Corte Suprema.

El Supremo Tribunal Federal rechazó, por 6 votos contra 5, y en una muestra de la división que el caso Lula genera en el país, un habeas corpus en el que la defensa solicitaba que el exmandatario solo sea conducido a prisión cuando no le queden más recursos ni en tercera ni en última instancia judicial.

La jurisprudencia brasileña determina que una persona cuya condena haya sido confirmada por un tribunal colegiado, como el expresidente, tiene que comenzar a cumplir la pena cuando ya no le quede ningún recurso ante la segunda instancia.

A pesar de que el Tribunal Federal Regional de la Cuarta Región con sede en Porto Alegre ya confirmó la condena de Lula, elevó su pena de 8 a 12 años de prisión y rechazó los primeros recursos contra tal decisión, el código de proceso penal prevé la posibilidad de que el condenado presente un último recurso para que algunas de esas decisiones sean mejor explicadas por los magistrados.

Y, según fuentes de ese tribunal, la defensa tan solo tiene plazo hasta el martes para intentar esa última salida, conocida como el "embargo del embargo aclaratorio" y que, como no puede modificar la condena, tan solo busca aclaraciones de una decisión judicial.

Sin embargo, la gran mayoría de los magistrados brasileños acostumbra a rechazar este tipo de último recurso por considerar que constituye una brecha que la defensa suele usar para intentar aplazar el cumplimiento de la pena.

De acuerdo con voceros del tribunal, los magistrados tendrán que decidir primero si aceptarán analizar este último recurso y, en caso de que así sea, tendrán que marcar una sesión para pronunciarse sobre la petición de la defensa, lo que se prevé que puede aplazar el proceso al menos hasta finales de abril.

Tan solo cuando los miembros del tribunal de segunda instancia se pronuncien sobre la última solicitud de la defensa, la decisión podrá ser comunicada al juez en primera instancia que determinó la condena, a quien corresponde expedir la orden de encarcelamiento.

El juez de primera instancia en este caso es Sergio Moro, titular del decimotercero juzgado federal de Curitiba y el instructor del llamado 'Lava Jato', la investigación iniciada hace cuatro años y que puso al descubierto una gigantesca red de corrupción que desviaba recursos de la petrolera estatal Petrobras.

Moro condenó a Lula precisamente tras dar por hecho que el exmandatario recibió un lujoso apartamento en un balneario del estado de Sao Paulo a cambio de favorecer a la constructora OAS con millonarios contratos con Petrobras.

Según abogados penalistas, una vez concluido todo el trámite en segunda instancia, la defensa aún tiene un plazo de 15 días para presentar un primer recurso contra la condena ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) en un intento de que Lula fue absuelto y liberado, pero no hay plazo para que esta corte de tercera instancia se pronuncie.

En esta nueva apelación, en la que las pruebas no son nuevamente examinadas sino que tan solo se analiza la legalidad del juicio, los abogados pueden pedir el efecto suspensivo de la condena, lo que puede permitir la liberación de Lula en caso de que ya esté preso.

Pese al inminente encarcelamiento del antiguo líder sindical, el Partido de los Trabajadores (PT) advirtió anoche en un comunicado que defenderá la candidatura presidencial de su líder "en las calles y en todas las instancias, hasta las últimas consecuencias".

Ello debido a que la legislación brasileña inhabilita electoralmente a cualquier condenado en segunda instancia, como ya lo fue Lula, por lo que el exjefe de Estado no podría disputar las elecciones de octubre para intentar un tercer mandato. (I)