El sistema educativo chileno fomenta la desigualdad y la exclusión, según un informe difundido este lunes por la Unesco en Santiago.

El estudio, a cargo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco, analiza la disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad del sistema educativo chileno y lo compara con las legislaciones educativas de Argentina, Uruguay y Finlandia.

Entre los retos más significativos para Chile, el informe destaca la "debilidad" que enfrenta la legislación del país austral para hacer frente a la desigualdad.

"El sistema que caracteriza la educación chilena está orientado por procesos de privatización, que tienden a causar segmentación, exclusión, discriminación y desencadenar mecanismo selectivos", critica el informe, liderado por el exrelator de Naciones Unidas sobre el derecho a la educación, Vernor Muñoz.

"No hay duda de que las pruebas de admisión establecen criterios y efectos de diferenciación, que en la práctica conducen a la selectividad y probablemente a la estigmatización", añade el estudio, que precisa que la legislación chilena prohíbe la discriminación en el trato a los estudiantes.

Según la Unesco, el sistema de becas y subvenciones del sistema educativo de Chile "protege y beneficia a la iniciativa privada", lo que excluye la interpretación del concepto de educación entendida como bien público.

Lo contrario ocurre en las legislaciones de Argentina y Uruguay, que resultan "muy explícitas" a la hora de restringir cualquier posibilidad de mercantilización de la educación, o de la finlandesa, que otorga garantías de oportunidades, señaló la Unesco.

"En Chile la ley deposita en los padres y las comunidades un alto nivel de responsabilidad en términos de asegurar la educación, impedir la discriminación u ofrecer una educación de calidad, en desmedro del rol del Estado que debiera ser el garante de este derecho", explica el informe.

El estudio recuerda que Chile ha firmado tratados internacionales, en particular el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que lo obliga en su artículo segundo a tomar medidas "inmediatas y no postergables" para lograr gradualmente la gratuidad en la educación secundaria y universitaria.

De hecho, ésta ha sido una de las principales reivindicaciones del movimiento estudiantil chileno, que desde hace siete meses se mantiene movilizado en demanda de una educación pública, gratuita y de calidad.

La semana pasada, la Cámara de Diputados chilena aprobó la partida de Educación, con los votos a favor de los diputados oficialistas y de parlamentarios independientes, mientras que la opositora Concertación y el Partido Comunista votaron en contra.

La propuesta del Gobierno entrega a la partida de educación 11.000 millones de dólares, un 7,2 por ciento más que en el presupuesto de 2011.

La oposición consideró insuficiente la oferta del Ejecutivo y le exigió que inyectara 1.000 millones de dólares más para así garantizar la gratuidad de la enseñanza universitaria al 70 por ciento de los alumnos más pobres, una fórmula con la que pretendía acercarse a las demandas de los estudiantes.

Los líderes estudiantiles, en tanto, calificaron el acuerdo presupuestario de "estafa", mientras el Gobierno ensalzó la "gran reforma educacional" chilena que permitirá la aprobación del presupuesto.