En la madrugada del lunes, un grupo de ‘encapuchados’ ingresó a un estacionamiento en San José de la Mariquina, en la región de Los Ríos –sur de Chile- con artefactos explosivos, quemando 29 camiones, mientras que otros seis quedaron con serios daños.

El hecho generó un impacto no solo porque ha sido una práctica recurrente en la región de la Araucanía, donde tiene lugar el ‘conflicto mapuche’, sino porque el gobierno de Michelle Bachelet calificó el hecho como un “atentado” y se puso sobre la mesa le ley antiterrorista.

En los últimos 10 días se han incinerado casi 50 camiones en el sur de Chile, según dio cuenta Alfredo Moreno, presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

De hecho, la semana pasada un grupo de encapuchados quemó 18 camiones a solo 10 kilómetros de Temuco, la capital de la Araucanía. Ese ataque fue reivindicado por el grupo mapuche Weichan Auka Mapu, mientras que lo ocurrido el lunes habría sido perpetrado por un colectivo similar.

Ningún gobierno desde el retorno a la democracia en 1990 –ni tampoco los anteriores- ha podido resolver el llamado ‘conflicto mapuche’. Al contrario, cada año se agudizan más las tensiones, especialmente por la posición radical que han adoptado algunos indígenas, que han escogido prácticamente por la vía armada sus reivindicaciones, con atentados y quema de vehículos y casas. A su vez, organismos de derechos humanos han denunciado una serie de abusos contra los mapuches por parte de Carabineros (policía chilena).

Los mapuches son los habitantes originarios ‘colonizados’ por los españoles a partir del siglo XVI. De aquella época se arrastra un conflicto que tiene que ver con la demanda de tierras por parte de los mapuches.

A fines del año pasado, Bachelet visitó la zona y anunció un reconocimiento constitucional para los indígenas. Y en junio, la Presidenta pidió perdón “al pueblo mapuche por los errores y horrores que ha cometido o tolerado el Estado en nuestra relación con ellos”. (I)