El huracán María, que arrasó con Puerto Rico en septiembre de 2017, registra la muerte de más de 4.600 personas, cifra 70 veces superior a la estimación oficial de fallecidos, revelaron este martes 29 de mayo los investigadores.

El Gobierno reportó un balance de 64 muertos, pero expertos de la Universidad de Harvard sostienen que el recuento se complicó por los cortes energéticos y la devastación generalizada a causa de la tormenta, que dejó al menos $ 90.000 millones en daños y es considerada la tercera más costosa en Estados Unidos desde 1900.

Otras investigaciones independientes estimaron el balance de muertos en cerca de 1.000, pero las últimas estimaciones compiladas por los expertos elevaron la cifra a 4.645 fallecidos entre el día de la tormenta, el 20 de septiembre, hasta el 31 de diciembre de 2017.

En comparación, el poderoso huracán Katrina, el que más ha costado en la historia estadounidense, registró en 2005 un balance de muertos mucho menor, estimado en 1.833 personas.

Según el estudio publicado en el diario de medicina The New England Journal of Medicine, la mayoría de víctimas fatales causadas por María fue por la interrupción en los servicios de salud a raíz de los cortes de energía y el bloqueo o destrucción de carreteras.

“Aproximadamente un tercio de las muertes posteriores al huracán fueron reportadas por familiares como causadas por un acceso tardío o impedido a la atención médica”, agregó el informe.

La atención del Gobierno
Los datos revelaron un aumento de 62% en la tasa de mortalidad posterior al huracán María -comparado con el mismo período de 2016- dando un total de 4.645 fallecidos.

“Nuestras estimaciones son aproximadamente consistentes con los reportes de prensa que evaluaron las muertes en el primer mes posterior al huracán”, añadió el informe.

Los investigadores no lograron comparar sus estimaciones con el balance más reciente del Gobierno porque este les negó el acceso a la información.

El Gobierno de Puerto Rico dejó de publicar sus datos sobre las muertes causadas por María en diciembre de 2017.

Ante este informe, el martes 29 de mayo el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales del Gobierno de Puerto Rico (PRFAA, por sus siglas en inglés), Carlos Mercader, dijo que el Ejecutivo analizará esta nueva cifra y reconoce que esta administración siempre creyó que el número de fallecidos era superior a la oficial de 64.

La metodología
Los investigadores visitaron aleatoriamente 3.299 hogares en Puerto Rico, un territorio estadounidense con unos 3,3 millones de habitantes, y utilizaron los criterios del Centro para Control y Prevención de Enfermedades para determinar si la muerte causada podía considerarse como consecuencia del huracán.

Por definición, esto implicaría situaciones vinculadas a la tormenta como escombros voladores o condiciones inseguras o insalubres, incluida la pérdida de servicios médicos necesarios, en los tres meses posteriores.

Las encuestas se realizaron entre enero y febrero de 2018, en un período en el que los investigadores observaron que “muchos encuestados aún estaban sin (servicios) de agua y electricidad”.

“En promedio, los hogares permanecieron 84 días sin electricidad, 64 días sin agua, y 41 días sin cobertura para celulares”, detalla el estudio.

Para evitar un sesgo, los entrevistados no recibieron un pago por sus respuestas y fueron informados de que sus respuestas no les darían ayudas adicionales del Gobierno.

Si algún miembro de una familia era reportado como desaparecido, pero aún no tenía confirmación de su muerte, la investigación lo contabilizó como vivo. (I)

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Gobierno de Puerto Rico y Junta logran un acuerdo

El Gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), entidad de control al Ejecutivo impuesta por Washington para dar solución a su millonaria deuda, alcanzaron un acuerdo para el presupuesto del año fiscal 2018-2019 que despeja el camino a concentrarse en la recuperación económica.

Tras semanas de desencuentro entre el Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló y la JSF, establecida en 2016 por una ley aprobada por el Congreso en Washington, se alcanzó un acuerdo que aleja que el enfrentamiento institucional acabe en los tribunales, un escenario que querían evitar por sus imprevisibles consecuencias.

El detonante del enfrentamiento entre el Ejecutivo de Puerto Rico, un Estado Libre Asociado a EE.UU. cuyos ciudadanos no pueden votar por el presidente del país norteamericano si viven en la isla, y la entidad de control, tiene su origen en la certificación por la JSF, en abril, del Plan Fiscal, el documento base que establece las pautas de la política financiera del Ejecutivo y que es guía del presupuesto general.

El Plan Fiscal certificado por la JSF establecía la eliminación de la paga navideña de los trabajadores, la reducción de los días de vacaciones y de los de enfermedad. Además, incluía otra reducción de un 10% de las pensiones de los empleados. (I)