El presidente argentino, Mauricio Macri, fue sobreseído este martes por la justicia en una causa en la que estaba acusado de ordenar escuchas ilegales a un familiar de una víctima del atentado al centro judío AMIA y a su excuñado.

Macri estaba procesado por los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita, con escuchas ilegales destinadas a espiar a políticos y otras personalidades entre 2007 y 2009.

"Las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra M. Macri de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal", escribió el juez Sebastián Casanello en el fallo que decretó el sobreseimiento del mandatario, publicado por el Centro de Información Judicial (CIJ) de la Corte Suprema.

En su fallo, el magistrado recordó que la justicia solo se ocupa de las responsabilidades penales y no de las políticas.

El 7 de marzo de 2014 el juez dispuso el envío a juicio oral para todos los procesados, con excepción de Macri, sobre quien resolvió reabrir la instrucción del caso antes de resolver, algo que hizo finalmente ahora.

Y concluyó que "las medidas producidas una vez reabierta la etapa de instrucción ratificaron la ausencia de prueba de cargo contra M. Macri, de donde se sigue la ausencia de responsabilidad penal pues lo afirmado hasta aquí, no sólo lo ubica en una situación de ajenidad, respecto de tal o cual intromisión telefónica, sino que también lo aleja del armado de una empresa ilegal de espionaje dentro de su gobierno".

A lo largo de 32 carillas, Casanello repasó las acusaciones presentadas por las querellas del ex cuñado de Macri Néstor Leonardo y del familiar de víctimas del atentado a la AMIA Sergio Burstein, los dos casos de escuchas ilegales por las que fue procesado el ex jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Casanello enfatizó que "se descarta una posible conducta instigadora, pues Macri deja de ser la persona particularmente interesada en escuchar a dos de las víctimas", de acuerdo a lo aportado por nuevas evidencias incorporadas cuando se continuó la investigación sobre su persona.

"Detrás de la intervención ilegal del teléfono de Burstein permanece Jorge Palacios, aunque alejado del entonces Jefe de Gobierno", concluyó Casanello.

Y agregó: "Detrás de la intervención ilegal del teléfono de Leonardo asoma Franco Macri, pero a través de agencias de seguridad privadas y personas interpuestas, lo que diluye su responsabilidad".

En el caso de las escuchas a Burstein dio por probado que fueron ordenadas por el procesado ex jefe de la Policía Metropolitana Palacios y ejecutadas por otro acusado, el ex espía Ciro James.

"En cuanto a la escucha de Burstein, es Guillermo Montenegro (ex ministro de Seguridad porteño) el que termina de alejar a Macri de la escena, al tiempo que relativiza en sumo grado su incidencia sobre el área de seguridad, sobre Jorge Palacios y, por ende, sobre el aparato clandestino de inteligencia -la segunda parte de la imputación", analizó el juez.

Y remarcó que el ejecutor de las maniobras, (Ciro) James fue contratado por el Ministerio de Justicia porteño, que le pagó un sueldo sin tener una tarea asignada, bajo la órbita del también procesado ex titular de esa cartera Mariano Narodowski.

En el caso de las escuchas a quien fue marido de la fallecida Sandra Macri, el juez entendió que el seguimiento sobre la persona del ex cuñado del Presidente fue contratado por el empresario Franco Macri.

En particular se aludió a nueva prueba incorporada en relación a la empresa de seguridad estadounidenste "Ackerman Group", a la que se adjudica la contratación de la escucha ilegal a Leonardo.

Las "actividades en el país por personal de la firma Ackerman Group durante el período en que fuera intervenido el teléfono del damnificado" fueron por "expreso pedido de Franco Macri y no así, a un interés, al parecer, inexistente de Mauricio Macri, respecto de la seguridad de su hermana Sandra", concluyó.

En enero pasado, a pedido de la defensa, Cassanello aún consideró "prematuro" exculpar a Macri, cuyo procesamiento había sido dejado firme en 2012 por la Cámara de Casación Penal, el más alto tribunal penal.

Lo mismo opinó un tribunal de apelaciones en julio pasado, por lo que Macri se convirtió el 10 de diciembre en el primer presidente procesado al asumir en Argentina.

La causa judicial empezó en 2010 por la denuncia de uno de los espiados, Sergio Burstein, dirigente de una agrupación de familiares de víctimas del ataque al centro judío AMIA, que dejó 85 muertos y 300 heridos en 1994.

En aquel momento el escándalo obligó a renunciar a los dos primeros jefes de la Policía Metropolitana de la Capital creada por Macri, Jorge 'Fino' Palacios y Osvaldo Chamorro, y puso en riesgo la reelección del entonces alcalde capitalino, quien comenzaba a posicionarse como un presidenciable por la derecha liberal.

Palacios fue además jefe de la Unidad Antiterrorista de la Policía Federal y es uno de los acusados en el juicio que se realiza por encubrimiento en la investigación del atentado a la AMIA, en el que también está en el banquillo el expresidente Carlos Menem (1989/1999) y otros exfuncionarios.

La causa involucró también al padre de Macri, Franco Macri, dueño de un imperio empresarial, quien admitió haber contratado a una empresa de Estados Unidos para espiar a su entonces yerno, Néstor Leonardo, exesposo de la hermana del presidente argentino, ya fallecida. (I)