La premio Nobel de la Paz 2011, la yemení Tawakkol Karman, propuso este martes en Honduras crear un tribunal internacional capaz de enjuiciar a ejecutivos de multinacionales que causan daños a la tierra, para potenciar la lucha contra el cambio climático.

"Se debe crear un tribunal mundial que pueda sancionar a todas estas sociedades multinacionales" que dañan el medioambiente y provocan el cambio climático, dijo Tawakkol Karman en rueda de prensa junto con la abogada iraní Shirin Ebadi, Nobel de la Paz 2003.

Las dos galardonadas, que integran la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel y Asociadas por lo Justo (JAZZ), llegaron a Honduras el viernes para respaldar a las mujeres que luchan contra la construcción de represas y la actividad minera en el país centroamericano, causa por la cual fue asesinada en marzo de 2016 la dirigente indígena Berta Cáceres.

Rachel Vincent, representante de JAZZ, explicó que visitaron Honduras porque el país registra la tasa de asesinatos a defensores de la tierra y de derechos humanos más alta del mundo.
Destacó que 14 personas fueron asesinadas en 2006, y un total de 123 desde 2009 por defender el ambiente y los derechos humanos.

"Invito a que exista una corte internacional especial para la lucha contra la corrupción y el lavado del dinero y contra todos los involucrados en la destrucción del medioambiente y explotar el clima de una forma dañina", declaró Karman a la AFP.

A ese tribunal deben llegar "las mafias de la corrupción, los instrumentos policíacos de seguridad, todos los opresores, las compañías comerciales que están involucradas en la destrucción del medioambiente".

Sugirió que podría ser similar a la Corte Penal Internacional, pero que juzgue a los implicados "en cualquier operación en donde encuentran la muerte defensores de derechos humanos o luchadores contra la corrupción o los defensores del medioambiente".

Respecto al asesinato de Cáceres, dijo que "se deben profundizar las averiguaciones a fin de descubrir a todos los beneficiados por este crimen y que no se limiten los juicios a los autores directos".

"Así como exigimos que se haga justicia y que se castigue a los asesinos de Berta Cáceres, exigimos justicia para las mujeres asesinadas en Siria, Yemen, Egipto (...) exigimos castigo para Bashar al Asad que está matando a la gente en Siria", demandó.

Asesinato de ambientalista

"Cuando se comete un delito, lo importante (...) es dar con los autores intelectuales. Lo más importante es constatar que hay dinero detrás de los sicarios" que mataron a la ambientalista hondureña Cáceres, exigió Ebadi.

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), fue asesinada en marzo de 2016 por pistoleros que entraron a su casa en La Esperanza, oeste.

Tawakkol y Ebady pusieron posteriormente rumbo a Guatemala para sumarse a las premios Nobel Jody Williams (estadounidense, 1999) y Rigoberta Menchú (guatemalteca, 1992) para respaldar a los luchadores por los derechos humanos y el ambiente en ese país.

En Honduras visitaron el sábado la montaña de Río Blanco (oeste) donde se reunieron con miembros de las comunidades indígenas lencas, cercanos a Cáceres, para rechazar la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en esa misma zona.

Durante la visita, la nueva coordinadora del Copinh, Berta Zúniga, hija de Cáceres, recordó que esa organización ha luchado durante 24 años en defensa de los territorios indígenas, y que "no se rinde".

"Los ríos, los bosques, la tierra no pueden ser mercancía en un mero negocio, deben estar en armonía de los seres humanos, al servicio de las necesidades humanas, de la vida", reclamó Zúñiga.

Las Premio Nobel también visitaron el sábado a Austra Berta Flores, madre de Cáceres, en la comunidad occidental de La Esperanza, donde mataron a la ambientalista.
Ocho personas están presas por el asesinato de Cáceres en marzo del 2016 a manos de pistoleros, incluyendo exempleados de Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), empresa que construía la represa del proyecto Agua Zarca y a la cual la ambientalista había denunciado por amenazas de muerte.

La familia de Cáceres y el Copihn exigen que las autoridades investiguen a los propietarios de DESA por considerar que la construcción de la planta violó el acuerdo internacional que obliga a realizar una consulta "previamente informada" a las comunidades indígenas. (I)