El Partido Socialista (PS) chileno informó este 5 de agosto que llevará hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos la resolución de la Corte Suprema que otorgó la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet.

"Nos parece que por respeto a las víctimas y sus familiares es imprescindible utilizar estas herramientas", señaló a los periodistas el timonel del PS, Álvaro Elizalde.

En su opinión y por respeto a las futuras generaciones que deben crecer en Chile, las violaciones a los derechos humanos no pueden volver a repetirse en la nación austral y deben convertirse en un hecho del pasado.

La diputada chilena Carmen Hertz, viuda de una víctima de la dictadura de Augusto Pinochet, dijo hoy que es un fallo aberrante desde el punto de vista jurídico y es "contrario a las obligaciones internacionales del Estado de Chile".

En declaraciones en un programa de Televisión Nacional, aseguró la sentencia de la Corte Suprema significa "una tremenda y pésima señal social, porque las resoluciones de los tribunales de justicia, cuando estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, tienen un efecto social y ético sobre la sociedad".

La diputada Hertz y abogada de derechos humanos, argumentó que "estos siete tipos, tienen en primer lugar una pena irrisoria, una pena que, en el fondo, es impunidad. En segundo lugar, ninguno de los acusados ha cooperado con la acción de la justicia", apostilló.

En esta misma línea, varias decenas de representantes de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se congregaron frente al Palacio de Tribunales para mostrar su rechazo a una decisión judicial que, según denunciaron, favorece la impunidad.

"La Corte Suprema chilena, igual como hacía durante los años de la dictadura cívico-militar, ha vuelto a fijar una posición política que la pone del lado de la impunidad", señaló en la oportunidad Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.

En este mismo contexto, las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados informaron el pasado jueves que presentarán una acusación constitucional en contra de los tres ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema que otorgaron la libertad condicional a los siete represores del régimen militar.

El diputado del Partido Socialista, Jaime Naranjo, señaló a los periodistas que la acusación irá dirigida en contra de los ministros (jueces especiales) Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Antonio Valderrama, quienes votaron a favor de dejar en libertad a los siete reos que purgaban condena en el recinto penal de Punta Peuco.

Durante esa jornada, los legisladores de la cámara baja exhibieron en sus escritorios grandes fotografías de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, como protesta por la decisión de la Corte Suprema que originó la protesta formal de las agrupaciones de familiares de víctimas del régimen militar.

Los primeros cinco beneficiados con el fallo del martes 31 de julio son Gamaliel Soto Segura, Manuel Pérez Santillán, José Quintanilla Fernández, Hernán Portillo Aranda y Felipe González Astorga, condenados por torturas, secuestros y homicidios en diversos juicios por crímenes de lesa humanidad.

Un día después, la Corte Suprema ordenó la excarcelación de Emilio de la Mahotiere, condenado como cómplice y encubridor en uno de los casos de la Caravana de la Muerte, y de Moisés Retamal Bustos, condenado a seis años de cárcel por el secuestro calificado (desaparición) de tres ciudadanos uruguayos en 1973.

Durante la dictadura de Augusto Pinochet, según datos oficiales, unos 3.200 chilenos murieron a manos de agentes del Estado, de los que 1.192 figuran aún como detenidos desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas. (I)