Los padres de los 43 estudiantes mexicanos desaparecidos el pasado 26 de septiembre rechazaron las declaraciones del titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, en el sentido de que sus hijos fueron asesinados y quemados, porque -subrayaron– no hay pruebas contundentes ni científicas de que los cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Iguala ni los restos óseos incinerados en el basurero municipal de Cocula correspondan a sus hijos.

En voz de Felipe de la Cruz, los padres de los jóvenes aseguraron que mientras el titular de la PGR no tenga pruebas de que los normalistas fueron quemados vivos por miembros del cártel Guerreros Unidos, ellos tendrán la esperanza de que sus hijos están con vida.

De la Cruz recalcó que rechazan la versión oficial y que solamente aceptarán los resultados que emitan los peritos argentinos y demandaron al presidente Enrique Peña Nieto que solicite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que envíe a sus expertos para dar asistencia técnica, “porque este es un caso grave y el Estado mexicano está rebasado”, recogió el diario La Jornada.

La Fiscalía General mexicana dio a conocer el viernes la escalofriante declaración de tres sicarios del cártel Guerreros Unidos, que confesaron haber matado a los estudiantes y quemado sus cuerpos durante 14 horas y cuando se apagó la hoguera y se enfrió, metieron los restos de ceniza y huesos en 8 bolsas de basura y los tiraron a un río cercano.

Hasta ahora, la fiscalía solo había logrado reconstruir parte del crimen que arrancó la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala (Guerrero, sur de México), cuando policías locales atacaron a alumnos de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa.

El ataque fue ordenado por el ahora exalcalde detenido, José Luis Abarca, que quería evitar que sabotearan un acto público de su esposa María de los Ángeles Pineda, también detenida.

En esos ataques fallecieron seis personas y desaparecieron los 43 alumnos, la mayoría de entre 18 y 21 años, que según confesiones de otros detenidos habrían sido entregados por policías a sicarios de Guerreros Unidos.

El crimen ha sido calificado por Human Rights Watch (HRW) como uno de los ‘más graves registrados en la historia contemporánea de México y América Latina’.