El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, ha defendido este viernes su veto a la continuidad del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao, alegando que tiene "61 denuncias" y que la institución que dirige no ha hecho nada por esclarecerlas.

Almagro ha bloqueado la renovación del mandato de Abrao, vigente hasta el 15 de agosto, a pesar de que la propia comisión había pactado por unanimidad que el brasileño siguiese cuatro años más, hasta 2024. La CIDH, vinculada a la OEA, siente que su independencia está en riesgo, lo que ha generado dudas también en Naciones Unidas.

Almagro, que ya se había justificado días atrás de forma pública, ha explicado este lunes que no tiene "ningún interés" en elegir al secretario de la CIDH, pero pide que esta persona "tenga idoneidad personal, moral y profesional para el desempeño de sus funciones", algo que, a su juicio, no se cumple en el caso de Abrao.

"De ninguna manera incorporaré o reincorporaré a ninguna persona sobre la cual penden 61 denuncias", ha añadido, dando detalles por primera vez de las acusaciones que pesan sobre el actual dirigente: "conflicto de interés, tratos diferenciales, retrocesos graves en la transparencia de los procesos, retaliaciones y violaciones al código de ética, impunidad para denuncias de acoso sexual, por mencionar algunas".

Almagro ha reprochado a la CIDH que durante "más de un año" no se esforzase por demostrar la inocencia de Abrao y que incluso de forma "prácticamente inmediata" expresase su deseo de renovar al responsable de la comisión. Esta inacción, ha apuntado, "hace ver una situación funcional muy grave".

El máximo responsable de la OEA ha dicho que este caso le ha hecho pensar en las víctimas del acoso laboral y en cómo "el sistema las invisibiliza, las enmudece, las aplasta". "Como el acusado mueve el sistema, como el sistema lo arropa sin importar nada y aún menos los derechos de las eventuales víctimas", ha aseverado.

Responde a las críticas

Así, ha asegurado que organizaciones como el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional "desconocen derechos laborales básicos" con sus intervenciones en este caso, alegando que "las respuestas corporativas y negacionistas no son la mejor manera de dar justicia ni de garantizar los Derechos Humanos".

"Es de extrema gravedad desconocer estos derechos, desconocer las denuncias, tratar de imponer al denunciado por un nuevo período desconociendo la gravedad de la situación y de las denuncias, así como de la situación física, psicológica y espiritual de las funcionarias y los funcionarios", ha denunciado.

Se trata no solo de "complicidad pasiva", sino de "encubrimiento activo", según el exministro uruguayo. "Todo ello en nombre de algo que nunca ha estado ni estará en juego: la autonomía e independencia de la CIDH", ha apostillado. (I)