El Gobierno boliviano y los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han firmado este lunes el protocolo marco para el desarrollo de la investigación de la violencia desatada durante las protestas postelectorales ocurridas entre el 1 de septiembre de 2019 y el 31 de diciembre de ese mismo año, que incluye las masacres de Sacaba y Senkata.

"El GIEI viene para cooperar con la consecución de la verdad y el trabajo de las autoridades del Estado (de Bolivia), sin embargo, su labor tomará en consideración la centralidad del sufrimiento de las víctimas", ha declarado una de las integrantes del grupo, la argentina Patricia Tappatá, según recoge el diario boliviano "Página Siete".  

"Vamos a garantizar su independencia y su acceso a toda la información que sea requerida", ha destacado el ministro de Justicia, Iván Lima, durante un acto realizado en Cancillería boliviana y en el que también ha participado el ministro de Asuntos Exteriores, Rogelio Mayta.

Lima ha señalado que hay "heridas abiertas" por los hechos violentos y un proceso de reconstrucción y diálogo en el país. "Queremos que el trabajo sea participativo", ha indicado Lima en declaraciones recogidas por la agencia de noticias boliviana ABI.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) estará integrado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez, Marlon Weichert y Jaime Vidal, quien será el secretario ejecutivo del grupo. Dos argentinos, una colombiana, un británico, un brasileño y un chileno.

El GIEI-Bolivia iniciará su trabajo en el marco del Acuerdo suscrito el 12 de diciembre de 2019 por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos.

Tiene un plazo inicial de vigencia de seis meses prorrogables previo acuerdo de las partes. Cuando concluya la investigación, el grupo emitirá un informe que será entregado a la Fiscalía para que inicie las acciones correspondientes y así dar con los responsables de esos hechos.

El 19 de noviembre de 2019 un operativo militar ejecutado en Senkata (El Alto) terminó con seis fallecidos, una cifra que días después llegó a 10 por las secuelas de la intervención violenta contra una protesta en apoyo al presidente Evo Morales.

En ese periodo también se registró la quema de sedes de los tribunales electorales departamentales (TED), así como de las casas de varios diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) y de familiares de autoridades. También hubo ataques contra casas de periodistas.

Entre los hechos a investigar están igualmente las muertes en los municipios de Montero (Santa Cruz) y Sacaba (Cochabamba), conflictos como el motín policial iniciado en Cochabamba y la emboscada de Vila Vila a una caravana que se dirigía a La Paz.

En un informe preliminar de la CIDH emitido en diciembre de 2019 se considera que hubo masacres por uso desmesurado de la fuerza contra la población civil en Senkata y Sacaba.

La violencia se enmarca en la represión de las protestas tras la salida del país del presidente Evo Morales, quien abandonó precipitadamente el país tras perder el apoyo de Policía y Ejército y en medio de protestas por el supuesto fraude electoral en los comicios en los que fue reelegido para seguir presidiendo el país.

El gobierno interino liderado por Jeanine Áñez, responsable de la actuación de las fuerzas de seguridad, organizó unas elecciones presidenciales en las que el pasado 18 de octubre Luis Arce, candidato del MAS de Morales, se impuso con más del 55 por ciento de votos. (I)