La ONU se sumó el viernes 13 de diciembre de 2019 a las numerosas entidades y personalidades que han denunciado violaciones de derechos humanos en Chile, al señalar en un informe que "se ha producido un elevado número de violaciones graves".

La alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, puntualizó en el texto que "hay razones fundadas para sostener que, a partir del 18 de octubre, se ha producido un elevado número de violaciones graves a los derechos humanos".

Añade que esos desmanes incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza con la "privación arbitraria de la vida y en lesiones, la tortura y malos tratos, la violencia sexual y las detenciones arbitrarias", cometidas en todo el país, pero en especial en la región Metropolitana.

El informe critica en ese sentido que el uso indebido de armas menos letales y los malos tratos, son reiterados en el tiempo y el espacio y advierte que "Carabineros ha incumplido, de forma reiterada, con el deber de distinguir entre manifestantes violentos y personas que se manifestaban pacíficament".

Bachelet puntualiza que ha habido un "uso desproporcionado y a veces innecesario de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios y gases lacrimógenos, utilizados a corta distancia "y que de ello da cuenta el "número alarmantemente alto de personas con lesiones en los ojos o la cara".

Insiste también en la presencia de casos de violencia sexual, simulación de ejecuciones y amenazas de desapariciones, y en especial que mujeres, niñas y personas Lgbti han sufrido formas específicas de violencia sexual.

En respuesta, el gobierno dijo tomar nota del documento pero puso objeciones, y al respecto la subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, señaló que se afirma la existencia de violaciones de derechos humanos antes de que concluyan las investigaciones en curso.

Asimismo dijo que es necesario "validar" las fuentes de información, alegando que se han corroborado noticias falsas profusamente divulgadas.

Por su parte, en declaraciones a los medios, el canciller Ribera dijo que "ninguno de los informes de organismos internacionales plantea que hayan habido violaciones graves y sistemáticas. Por eso tenemos que revisar los informes, ver las conclusiones, cómo mejorar procedimientos internos".

Pero consideró que "no podemos estar preocupados de informes más o informes menos, ya llevamos cuatro informes, y lo que al país le interesa es volver a la normalidad con respeto a los derechos fundamentales".

Tres enviados de la ONU permanecieron en Chile del 28 de octubre al 22 de noviembre de 2019, para examinar las denuncias, reunirse con organizaciones y representantes del gobierno y la sociedad civil y recabar información sobre la situación tanto en Santiago como en otras ciudades. (I)