El primer ministro en funciones de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció este miércoles 1 de enero de 2020 en una comparecencia televisiva que pedirá al Parlamento la inmunidad para evitar ser juzgado por tres casos de corrupción.

Netanyahu fue acusado en noviembre de cargos de soborno, fraude y abuso de confianza por acusaciones de que otorgó favores estatales por valor de cientos de millones de dólares a los barones de los medios israelíes a cambio de obsequios y cobertura favorable.

Netanyahu niega haber actuado mal, dice que fue víctima de una cacería de brujas por parte de los medios de comunicación y se fue para derrocar a un líder popular de derecha.

El anuncio se produce horas antes de que finalizase el plazo para pedir la protección, el último recurso que le queda a Netanyahu para evitar ser enjuiciado por cohecho, fraude y abuso de confianza en tres casos distintos.

"Tengo intención de apelar al presidente de la Knéset (Parlamento) para ejercitar mi derecho y mi deber de continuar sirviendo a los ciudadanos", señaló Netanyahu en un esperado discurso en directo.

Garantizar poder "servir al pueblo"

Durante su discurso, Netanyahu dijo que espera "seguir liderando Israel muchos años", denunció una campaña de "incitación" en su contra y enfatizó que la ley de inmunidad busca "proteger a políticos electos de demandas judiciales inventadas" y garantizar "que puedan servir al pueblo" que los eligió.

La decisión de Netanyahu, que esta semana se refirió a la inmunidad parlamentaria como "una piedra angular de la democracia", apuntando su intención, tendrá como consecuencia una demora en el comienzo del juicio en su contra, probablemente incluso hasta después de las elecciones del próximo dos de marzo (terceras en menos de un año en el país, que vive un bloqueo político sin precedentes).

Como consecuencia del bloqueo, el comité parlamentario encargado de decidir sobre la petición de inmunidad no está formado (y la Cámara está disuelta). A no ser que la Knéset (Parlamento) opte por formarlo para decidir sobre esta cuestión, la decisión no se tomaría hasta la formación de un Gobierno y la designación de ese comité, después de los próximos comicios.

La decisión que tome el Parlamento en relación a la inmunidad se podría apelar ante el Tribunal Supremo, algo que demoraría aún más el comienzo del juicio. (I)