El Ministerio Público Federal de Brasil denunció hoy penalmente a la petrolera estadounidense Chevron, a su contratista Transocean y a 17 directivos de ambas empresas por su responsabilidad en un vertido de 2.400 barriles de petróleo ocurrido en noviembre pasado frente al litoral brasileño.

"El presidente de la Chevron en Brasil está entre los 17 denunciados y puede ser condenado a hasta 31 años de prisión" en caso de ser condenado, según un comunicado divulgado por el Ministerio Público (Fiscalía).

La denuncia formal fue presentada este miércoles ante el juzgado primero federal de la ciudad de Campos, que puede aceptarla o rechazarla, y acusa a las dos empresas y a sus 17 dirigentes de crímenes ambientales, falsificación y daño al patrimonio público por el "desastre ambiental" ocurrido en noviembre pasado en la concesión conocida como Campo de Frade.

Además del derrame inicial de 2.400 barriles de crudo, se registró otro vertido el viernes pasado en el Campo de Frade, una concesión que Chevron explota a unos 120 kilómetros del litoral del estado de Río de Janeiro.

La denuncia no hace referencia al nuevo vertido pese a que los especialistas consideran que, al haber utilizado una presión exagerada para perforar el suelo marino, Chevron abrió una fisura de unos 800 metros por la que pueden producirse nuevos derrames.

El Ministerio Público también acusó penalmente al presidente de Chevron en Brasil, George Buck, de dificultar la acción fiscalizadora, de omisiones ambientales y de presentar un plan de contingencia "engañoso".

Los fiscales responsables por el caso solicitaron a la justicia la incautación de todos los bienes de los denunciados y el pago de una fianza de un millón de reales (unos 555.555 dólares) por cada acusado y de 10 millones de reales (5,5 millones de dólares) por cada empresa.

"En caso de que sean condenados, esos valores servirán para pagar la indemnización por los daños, multa y costos del proceso", según el comunicado.

De acuerdo con el Ministerio Público, el derrame de petróleo afectó todo el ecosistema marino en la región, lo que puede provocar la extinción de algunas especies, y causó impactos negativos en actividades económicas de la zona, como la pesca.

Según el fiscal Eduardo Santos de Oliveira, uno de los acusadores, Chevron y Transocean, propietaria de los equipos usados en las perforaciones, provocaron una "bomba de contaminación de efecto prolongado" por haber empleado una presión superior a la soportada por el suelo marino en la región.

De acuerdo con Oliveira, esa presión causó fracturas en las paredes del pozo y grietas por las que el crudo alcanzó el mar.

La Fiscalía agrega que, pese a poseer un plan de emergencia, Chevron prefirió dispersar el petróleo vertido en lugar de recogerlo. Esa opción, agrega la denuncia, agravó el desastre ambiental debido a que espació el petróleo.

Poco antes de que la Fiscalía hiciese pública la denuncia, la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, advirtió en un discurso que las empresas petroleras están obligadas a "actuar con responsabilidad" para garantizar la seguridad operacional y la preservación ambiental en sus operaciones.

"En este asunto no se admiten excepciones. Es necesario actuar dentro de los límites de seguridad y en algunas ocasiones por debajo de esos límites. Nunca presionarlos y jamás superarlos", dijo. EFE