La petrolera estadounidense Chevron hizo lobby en la Unión Europea (UE) para darle a inversores extranjeros el derecho legal de desafiar en tribunales de arbitraje privados decisiones gubernamentales en el marco de la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, por sus siglas en inglés). El objetivo es que ese acuerdo funcione como “herramienta de disuasión” contra leyes medioambientales como las que prohibían la fracturación hidráulica (fracking).

El periódico inglés The Guardian reveló que, como temían hace meses grupos ambientalistas y ecológicos, los polémicos tribunales de arbitraje privados en el TTIP» frenan a los gobiernos cuando quieran limitar la extracción de combustible fósil por miedo a demandas multimillonarias en las cortes.

Según el matutino londinense, Chevron hizo “lobby” en Bruselas hace dos años. La noticia se dio a conocer cuando la UE y Estados Unidos comenzaron la decimotercera ronda en Nueva York del TTIP.

Tanto Francia como Alemania  indicaron en el pasado que querían fuera del acuerdo los polémicos tribunales de arbitraje privados en el TTIP. “Ese tipo de demanda ha sido hecha solo una vez por Chevron, en su causa contra Ecuador”, indicó la nota sobre la reunión de abril de 2014 entre ejecutivos de la petrolera y funcionarios de la Comisión Europea.

“Sin embargo, Chevron argumenta que la mera existencia del acuerdo de disputas es importante ya que funciona como disuasión”, agregó la nota periodística.

“El caso de Chevron es muchas veces utilizado como ejemplo para no contar con ese derecho legal de arbitraje”, destacó la nota de The Guardian. “Esta es una percepción errónea ya que el caso claramente demuestra exactamente lo opuesto. La compañía está haciendo campaña por este tema en Bruselas y ha entregado un análisis más detallado del caso”, agregó.

“Este documento (la nota vista por The Guardian) demuestra que el poder de utilizar derechos de arbitrio para inversores como forma de cercenar regulaciones medioambientales es una razón clave por la que multinacionales como Chevron  defienden esos derechos”, afirmó Cecilia Olivet, investigadora del Transnational Institute e integrante de la comisión presidencial que audita los tratados de inversión bilaterales de Ecuador.

“Las presiones que enfrentan los presupuestos públicos hacen que la mera amenaza de una demanda internacional multimillonaria en un tribunal de arbitraje privado frenen a los gobiernos a implementar medidas de protección social o medioambiental que puedan afectar los intereses de inversores extranjeros”, admitió.

Según The Guardian, Chevron impuso hasta el viernes una veda mediática para dar a conocer sus ingresos anuales y se negó a responder al pedido del diario para aclarar la situación.

En una presentación hecha en 2013 al representante de comercio de EE.UU., la petrolera argumentó que la existencia de los tribunales de arbitraje privados en el TTIP “incrementan las chances” que las disputas sean resueltas fuera de ellos.

Dichos tribunales pueden dictaminar contra leyes medioambientales y sociales creadas por parlamentos nacionales, en caso de que generen “conflicto de intereses”.

Las notas obtenidas por The Guardian indican, sin embargo, que “en especial las regulaciones de transparencia y en menor medida aquellas de controles offshore preocupan a las compañías”.

El periódico indicó, además, que los funcionarios europeos “parecen abiertos a ser convencidos por el lobby de las petroleras a cambio de que se levante un embargo de Estados Unidos a exportaciones de crudo y gas”.

En las reuniones estuvieron representantes de las petroleras Total, GDF Suez, Repsol, OMV, EDF, Areva, Eurogas y de la Asociación de Productores de Petróleo y Gas.

En tanto, los grupos Alianza medioambiental y de salud y el Centro para leyes internacionales medioambientales lanzaron una nueva campaña pidiendo por la creación de una legislación específica de la UE que impida al TTIP incluir acuerdos de venta de químicos  nocivos para el medio ambiente.