La campaña presidencial de 2011, en la que Ollanta Humala se impuso en segunda vuelta a Keiko Fujimori, es todavía un peso del que el expresidente no logra liberarse.

En febrero de este año una investigación del diario El Comercio, de Lima, reveló las declaraciones de Jorge Barata, exhombre fuerte de Odebrecht en Perú, en las que aseguraba la entrega de $ 3 millones como “donativo” a la carrera de Humala por alcanzar la presidencia en  2011.

Dos meses después, el pasado miércoles, el exdirector ejecutivo de la empresa, Marcelo Odebrecht, confirmó esta versión. De acuerdo a la información emitida por la Corte Suprema de Brasil, las declaraciones del empresario insisten en la cantidad de dinero que mencionó Barata y detallan la forma como fue entregado a Humala.

A petición de Luis Inácio Lula da Silva, entonces presidente de Brasil, y a través del Partido de los Trabajadores (PT), su ministro de gobierno, Antonio Palocci, habría entregado de forma personal ese dinero al entonces candidato Humala. Marcelo Odebrecht explicó a la justicia de su país que ese monto salió del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora, que es calificado en el transcurso de la investigación como el “departamento de los sobornos”.

En Perú la difusión de estas declaraciones ponen, una vez más, los reflectores sobre Ollanta Humala y su esposa, la comunicadora y también política Nadine Heredia, encargada del manejo financiero en la campaña de su esposo.

“Hemos mantenido nuestra posición de que esa entrega de dinero no es cierta”, mencionó Humala. “Esa entrega de dinero no ha ocurrido”, dijo también su esposa.

Estas son réplicas que recuerdan las negativas constantes que, desde mediados de 2013, la “pareja presidencial”, como aún son conocidos los Humala Heredia en el país, viene repitiendo en su intento por alejarse del epicentro de un posible terremoto político que podría, de acuerdo con algunos juristas, llevarlos a la cárcel.

Ese podría ser el destino de dos expresidentes más, Alejandro Toledo, quien tiene una orden de prisión preventiva en su contra y que, semanalmente, no deja de enviar mensajes de Twitter en los que se declara inocente, desde Estados Unidos; y Alan García, cuyo nombre aparece reiteradamente en la investigación que liga a miembros de su segundo gobierno con la recepción de coimas.

La congresista por el fujimorismo, Yeni Vilcatoma, dice que las declaraciones de Odebrecht son prueba suficiente para abrir un expediente inmediato al expresidente Humala y sancionarlo con prisión preventiva mientras las indagaciones continúan. El exprocurador Christian Salas opina igual: no existe, de acuerdo a su criterio, mayor prueba que la ratificación de Odebrecht para proceder con la detención.

La fiscalía, que ya lleva una investigación contra Humala y su esposa por el presunto delito de lavado de activos, encuentra en estas declaraciones, como en las emitidas por Barata, una prueba más para extender el expediente de investigación contra el expresidente.

Queda por delante mucha tarea. Ver, por ejemplo, si el dinero que supuestamente se entregó tiene origen ilícito, si fue usado totalmente en la campaña o tuvo otros fines, y si solo lo utilizó el expresidente Humala o alguien más.

Sería grave que la investigación judicial revelara que por la supuesta recepción de los $ 3 millones se favoreció la adjudicación de contratos a Odebrecht. Los ojos de la justicia regresarán con especial minucia a la adjudicación del contrato de Gasoducto Sur, una obra en la que la constructora brasileña aparece como principal beneficiaria.

“El contrato del Gasoducto fue totalmente transparente, existe incluso una cláusula por la que se sanciona a Odebrecht en caso de encontrársele irregularidades”, dijo Humala ante la prensa, intentando adelantarse a lo que se avecina.

En el país sudamericano no existe sanción para el financiamiento de partidos políticos. Se asume que la entrega se hace entre dos sectores privados antes de que uno de ellos sea funcionario.

Quizá estas zonas de la ley sean las que dan confianza a Humala y su esposa, Nadine Heredia, para llamar a la justicia que los investigue una vez más, pues, aseguraron, no tienen nada que esconder. (I)

DATOS

Odebrecht, involucrada en casos de corrupción en varios países latinoamericanos, afirmó que pagó $ 29 millones en Perú a cambio de obras públicas entre 2005 y 2014 en los gobiernos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).

Un juez pidió prisión preventiva de 18 meses para Toledo que reside en California, EE.UU.,   donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford. Perú gestiona su extradición hace más de un mes.

El expresidente Alejandro Toledo (2001-2006) es el más alto funcionario involucrado en la trama de corrupción de Odebrecht en Perú. La fiscalía lo acusa de recibir un soborno de $ 20 millones en la concesión de la construcción de la carretera Interoceánica, entre Brasil y Perú, de 2006. (I)