El  presidente Mauricio Macri está decidido a terminar con los “piquetes” en medio de una grave crisis económica y social. Envalentonado por la marcha de respaldo a su gestión el 1 de abril y el reclamo de sectores medios y altos que lo apoyan en un año electoral, el gobierno busca desterrar los cortes de  rutas, accesos, calles y avenidas durante las habituales marchas sociales o sindicales, en lo que dirigentes gremiales y opositores definen como una “criminalización” de las protestas populares.

“Así no se construye la Patria”, sentenció el líder sindical docente Roberto Baradel, titular del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de  la provincia de Buenos Aires.

El gobierno de Macri acompaña su plan con un proyecto que agrava las penas contra quienes violen regulaciones durante movilizaciones sociales y avanza en la compra de armamento para la represión de “piquetes” cuya joya es un carro blindado de última generación.

El agravamiento de las penas ante manifestaciones públicas está previsto en un proyecto oficial elevado a la Cámara de Diputados para reformar el Código Penal.

La iniciativa modifica cuatro artículos sobre amenazas, daños, abuso de armas y delitos contra la seguridad del tránsito y los medios de transporte, agregando a ese ítem las manifestaciones públicas y el castigo a quienes utilicen “elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables, objetos capaces de dañar la integridad de las personas o bienes, o con la cara cubierta a modo de impedir su identificación”. Para quienes violen estas normas, en ciertos casos el proyecto prevé penas de hasta 10 años de cárcel.

Como primer paso, según el diario Página/12 Macri analiza la adquisición de un blindado antipiquetes, un vehículo de seguridad interior, desarrollado para tareas de control de multitudes y piquetes, orden público y operaciones especiales que puede contar con armamento e hidrante. Tiene una capacidad para trasladar a 12 policías antimotines. Su nombre: “Halcón”.

Tanto la reforma del Código Penal como la compra de armamento van de la mano de una decisión oficial de reprimir los “piquetes”. Los cortes del tránsito durante protestas son habituales en el país austral y se han convertido en un verdadero dolor de cabeza ante los embotellamientos que vive en especial el centro de la ciudad de Buenos Aires y los principales accesos a la ciudad. Pero son un recurso desesperado de movimientos sociales para visibilizar su cruda realidad. Los “piquetes” de hecho se han tolerado en los últimos 12 años de gobierno “kirchnerista”, después que en el 2002, bajo la gestión del presidente provisional Eduardo Duhalde, dos militantes sociales murieron a raíz de la represión policial a una protesta.

Pero Macri está decidido a reprimir los “piquetes”. Desde el gobierno aseguran que los sondeos respaldan esta decisión. Los cortes de tránsito y rutas son en especial repudiados por las clases medias y altas, las más afectadas por estas protestas y donde la alianza oficialista tiene su mayor caudal electoral.

Tres ejemplos han marcado la nueva estrategia oficial en los últimos días. El primero ocurrió el  6 de abril pasado, durante el primer paro nacional contra Macri convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), cuando las fuerzas de seguridad reprimieron a decenas de militantes de izquierda que habían cortado la autopista Panamericana, que une la zona norte del conurbano con la ciudad de Buenos Aires. La represión policial dejó algunos contusos y varios detenidos.

El segundo caso fue la represión policial denunciada por maestros tres días después cuando intentaban levantar una escuela itinerante frente al Congreso de la Nación.

Los docentes, que mantienen un extenso conflicto con el gobierno en reclamo de la apertura de “paritarias” (negociaciones colectivas de trabajo previstas por ley y que el ejecutivo se niega a convocar al argumentar que garantizó un sueldo mínimo por decreto), denunciaron que fueron golpeados y desalojados en forma violenta por fuerzas de seguridad. Las autoridades esgrimieron que carecían del permiso correspondiente para utilizar un paseo público y acusaron a los gremialistas de golpear a los policías. Cuatro maestros fueron detenidos en la plaza, lo que derivó en la convocatoria a un paro nacional docente el martes pasado.

La “escuela itinerante” finalmente se levantó en el mismo lugar, después que el municipio, en manos de la alianza oficialista Cambiemos, autorizó al gremio docente a mantener abierta el improvisado colegio con el compromiso de desmantelarlo esta semana.

Pero ese no fue el único episodio de represión que vivió el país austral estos días. La semana pasada estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad de Jujuy (UNJu), en la frontera con Bolivia y gobernada por la alianza gubernamental Cambiemos, denunciaron que la policía provincial ingresó ilegalmente a una sede de esa casa de estudios sin orden de allanamiento, como prevé la ley de autonomía universitaria.

Dos de los alumnos fueron detenidos. Voceros del gobierno presidido por Gerardo Morales, aliado clave de Macri, afirmaron que los estudiantes "no contaban con ningún permiso" y que "se observó ingesta excesiva de bebidas alcohólicas". La fiesta se había organizado como bautismo de ingreso de los asistentes a primer año..

Según denunciaron los estudiantes, la policía llegó al lugar con varios patrulleros e ingresó "de manera ilegal" al predio universitario. Los detenidos fueron Joaquín Quispe, presidente del Centro de Estudiantes de la Facultad, y el estudiante Ignacio García.

Quispe incluso denunció que sufrió torturas en prisión. En una carta abierta, reveló que uno de los policías “se pone en mi espalda y empieza a asfixiarme, levantandome constantemente del cuello con su brazo, esto en presencia de al menos tres agentes más. Cuando el agente notó que yo no podía soportar más la asifixia me arrojó al suelo, al cual caí de cabeza lesionándome la frente sin poder poner las manos porque me econtraba esposado”, contó.

La conmoción fue tan grande que el propio gobernador Morales debió salir a disculparse. “Repudio la incursión de la Policía en la Facultad de Ciencias Agrarias, dispuse la separación de los responsables y llegaré al fondo del tema", indicó. (I)