El expresidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, apelará la  condena a 9 años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero en el caso Petrolao, emitida por el juez Sergio Moro, a cargo de la Operación Lava Jato.

“Estamos apelando y probaremos su inocencia en todas las cortes imparciales, incluyendo las Naciones Unidas”, anunció uno de sus abogados defensores.
Moro consideró que un apartamento de la empresa OAS en la ciudad balnearia de Guarujá, estado de Sao Paulo, fue entregado a Lula como parte del pago de sobornos hechos en Petrobras por la firma constructora.

Sin embargo, en la sentencia, Moro no explicó el vínculo directo entre los fraudes en Petrobras y Lula, sino a través de recaudación ilegal electoral hecha por el extesorero Joao Vaccari Neto.

La presidenta del Partido de los Trabajadores (PT), Gleisi Hoffmann, convocó a la militancia a movilizarse para repudiar la “condena política” y  los sindicatos llamaron a manifestaciones en Brasilia, Salvador y Sao Paulo.

Setenta y tres testigos negaron vinculaciones de Lula con este apartamento. Pero el juez Moro entendió que el inmueble en cuestión sirvió para pagarle a Lula da Silva $ 700.000.

Lula podrá ser detenido si la sentencia es confirmada en segunda instancia por el tribunal regional de Porto Alegre, algo que también lo puede sacar de la carrera presidencial de 2018.

El expresidente había dicho que cualquier condena en su contra “sería parte de una acción política” de Moro. El magistrado, a quien Lula denunció por persecución ante el comité de Derechos Humanos de la Organización de la ONU, escribió que existe una “culpabilidad elevada” del expresidente.

Desde el inicio de la Operación Lava Jato, Moro se limitó a investigar -por sugerencia de los fiscales- al gobierno de Lula y la corrupción en la empresa estatal Petrobras.

Fueron detenidos 5 directores de la empresa petrolera que decían que recaudaban para los partidos políticos mediante sobreprecios en contratos.

El magistrado entendió que el apartamento, a nombre de la OAS, era en realidad destinado a Lula, como parte del dinero que el PT recibió, supuestamente, de las empresas como aportes ilegales de campaña o sobornos.

“La responsabilidad de un presidente de la República es enorme y por eso también su culpabilidad cuando comete delitos”, sostuvo el magistrado de Curitiba, capital del estado sureño de Paraná.

“Se está cometiendo la continuación del golpe que derrocó a Dilma Rousseff, que es inhabilitar a Lula para 2018”, dijo el senador Lindberg Farias, recordando que el exgobernante (2003-2010) lidera los sondeos electorales.

Rousseff, por su parte, dijo que la condena de Lula “carece de pruebas y es un escarnio, un absurdo jurídico que avergüenza a Brasil”. “Lula sufre una persecución sin cuartel”, sostuvo la exmandataria destituida el año pasado.

La reforma laboral

La sentencia cayó rigurosamente en la izquierda brasileña, sobre todo porque llegó 15 horas después de que el Senado aprobara la reforma laboral, uno de los principales planes de ajuste de la coalición que sustenta a Temer.

Temer, en tanto, es sometido a análisis en la comisión de Diputados que trata la denuncia por corrupción hecha en su contra por el fiscal general. La comisión debe analizar hasta mañana la denuncia y elevarla al pleno. Con dos tercios de la Cámara Baja, Temer será suspendido seis meses y asumirá si es el caso Rodrigo Maia, titular de Diputados.

Temer, festejando la aprobación de la reforma laboral, dijo que toma “medidas populares a largo plazo”.

El mercado financiero aplaudió la reforma laboral, con la baja del dólar y el aumento de la bolsa desde que se conoció la sentencia de Moro. “La reacción es porque Lula puede estar fuera de juego electoral”, dijo, aplaudiendo la decisión de Moro, un operador financiero citado por Globo. (I)

Los 5 casos

Apartamento tríplex: Sergio Moro acusó a Lula de recibir el tríplex cuando aún era presidente y también de ser el destinatario de un soborno de $ 1,1 millones del conglomerado empresarial brasileño OAS. Pero el expresidente negó las acusaciones en su declaración ante el juez el 10 de mayo.  

Instituto Lula: Otro caso en manos de Moro. Investiga si la constructora Odebrecht ofreció $ 3’739.686,75 para comprar un terreno en Sao Paulo donde sería erigido el Instituto Lula, supuestamente parte de un acuerdo para distribuir sobornos recibidos por el PT. El instituto niega cualquier irregularidad.

Aviones de combate: En este proceso es acusado de lavado de dinero y tráfico de influencia en la compra por parte del Estado de aviones de combate suecos Gripen por $ 5.000 millones, que se concretó durante la presidencia de Dilma Rousseff (2011-2016). En esta causa, el expresidente también fue denunciado por interceder a favor de automotrices en la concesión de beneficios fiscales.

Compra de silencio: Este litigio investiga la denuncia de Delcidio do Amaral, exsenador del PT, que afirma que el exmandatario participó en un plan para comprar el silencio de un exdirectivo de Petrobras involucrado en el fraude de la petrolera estatal. La fiscalía pidió el martes archivar la causa por no haber pruebas.

Angola: En esta querella es acusado de tráfico de influencia, corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de una organización delictiva junto a Marcelo Odebrecht entre 2008 y 2015. La contraprestación fue cuantificada en $ 6’417.583 en una forma de participación en los negocios de Exergia Brasil, empresa de uno de sus sobrinos. (I)