Ha sido uno de los grandes dolores de cabeza para todos los presidentes desde su apertura, en 1995. El penal de Punta Peuco, que alberga a los principales condenados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet -tanto exmilitares como exagentes de Estado-, se encuentra nuevamente en el centro de una controversia después de que se revelara que los reos han mantenido sus pensiones, millonarias y superiores a lo que recibe un ciudadano chileno común.

Justo cuando la mayoría de los chilenos reclama por un mejor sistema de pensiones o bien por el fin de la administración privada de jubilaciones, el diario chileno La Tercera -gracias a una nueva Ley de Transparencia- publicó el listado de los exmilitares condenados en Punta Peuco que mes a mes reciben altos pagos.

Aquello se debe a que esos exuniformados nunca perdieron su escalafón al interior de su respectiva rama de las Fuerzas Armadas tras su retiro. Así pudieron mantener sus pensiones porque no perdieron sus grados.

Ocurre que, pese a las condenas judiciales por sus delitos en dictadura, los condenados en Punta Peuco nunca fueron degradados al no existir una ley al respecto. Actualmente el Congreso alberga dos proyectos para bajarle el grado militar a los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan participado en crímenes de derechos humanos, pero hasta ahora no han visto la luz. De todos modos, si cualquiera de esos dos proyectos se aprueba, la ley no será retroactiva.

Por eso es que la revelación sobre las altas pensiones a exmilitares ha generado polémica, en un país que aún no cierra del todo las heridas abiertas tras el golpe militar de Pinochet en 1973.

Quien recibe el monto mensual más alto ($ 3.715) es Miguel Krassnoff, exbrigadier del Ejército y de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA, la Policía secreta de Pinochet), condenado a 120 años de cárcel y con más de 20 causas ratificadas por la Corte Suprema. Krassnoff, que recibe su jubilación desde 1999, fue uno de los represores más brutales y recién en 2006 fue enviado a prisión.

En la lista también figura Raúl Iturriaga Neumann, exsubdirector de la DINA, que recibe $ 3.200 mensuales desde 1991.

Este exmayor general del Ejército está condenado por secuestro calificado, homicidio calificado y asociación ilícita, en casos emblemáticos, como la muerte del general Carlos Prats y su esposa en 1974, entre otros.

En un hecho insólito, su hija Loreto Iturriaga escribió en su cuenta en Twitter un mensaje dirigido al presidente estadounidense, Donald Trump, para que interceda por lo que ella calificó como “nuevos prisioneros políticos en Chile”.

Además, entre los 82 ‘pensionados de Punta Peuco’, figura Álvaro Corbalán, el exjefe de la Central Nacional de Informaciones (CNI), otro de los órganos represores de la dictadura, que recibe $ 1.000 de pensión mensual. El abogado que representa a reos de Punta Peuco, Raúl Meza, ha dicho que las pensiones “son un derecho adquirido durante el tiempo que permanecieron en el Ejército en calidad de funcionarios públicos”. El problema es que los organismos de derechos humanos sostienen que unos exmilitares subieron de grado gracias a su rol en el aparato represor de Pinochet.

Nelson Caucoto, abogado pro Derechos Humanos, expresa: “El hecho de ser violador de derechos humanos no impide mantener la pensión. El tema va por otro lado: ¿cómo este país no tiene en cuenta un sistema de degradación? Ellos debieran perder sus cargos, porque mientras más jerarquía ostentan, más pensión reciben”.

En la misma línea se ha manifestado el director del Instituto de Derechos Humanos, Branislav Marelic, quien planteó: “Para el caso concreto de personas condenadas por crímenes de derechos humanos, y que actualmente cumplen una pena, no es posible, en términos legales, quitarles sus pensiones, ya que no existe una viabilidad legal para que pueda ser aplicado retroactivamente”.

El penal de Punta Peuco, ubicado en las afueras de Santiago, ha generado controversia desde hace años. En ese sentido, cada cierto tiempo surge un debate para su clausura, con el objetivo de trasladar a sus reos a cárceles comunes.

En vez de aquello ha surgido incluso la alternativa de ampliar este recinto penitenciario, ya que actualmente opera al tope de su capacidad. (I)

DATOS

El 11 de septiembre de 1973 fue derrocado el presidente Salvador Allende por una junta militar encabezada por Augusto Pinochet, quien fungía como Comandante del Ejército durante el gobierno de la Unidad Popular. El golpe de Estado fue organizado y contó con la participación activa del Gobierno de EE.UU. Una junta militar asumió el gobierno con Pinochet a la cabeza.

Durante el régimen de Pinochet murieron 3.200 personas y otros 28.000 ciudadanos fueron torturados. En 1980 fue aprobada una Constitución concebida según las necesidades de la dictadura. Los años 80 fueron de lucha y resistencia popular.

Lucía Hiriart, viuda del dictador chileno Augusto Pinochet, heredó una elevada pensión de 3,1 millones de pesos ($ 4.600) mensuales tras la muerte de su esposo, según reveló una investigación del diario La Tercera. (I)