La agitación social en Argentina está alcanzando su punto de hervor. Miles de militantes de organizaciones sociales tomaron otra vez las calles en distintos puntos de Buenos Aires y su zona conurbana para protestar contra la política económica que lleva adelante el presidente Mauricio Macri.

Las protestas se enmarcan -además- en un nuevo paro nacional docente de 48 horas, que concluirá este viernes y que tendrá otras dos jornadas de huelga la semana próxima, lo que en la práctica se convierte en una virtual paralización del inicio del ciclo lectivo que debía comenzar el 6 de marzo, pero fue sacudido por protestas masivas del sector.

Pero no solo los maestros y las organizaciones sociales están en pie de guerra. Los trabajadores presionan cada vez más a sus dirigentes para que la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT, peronista) fije finalmente la fecha del anunciado primer paro nacional contra el Gobierno esta misma semana tras una multitudinaria movilización obrera realizada el 7 de este mes.

Las dos vertientes en que se halla dividida la Central de Trabajadores de Argentina (CTA, de izquierda) se cansaron de esperar y convocaron por sí mismas a un paro general para el 30 de marzo, pero aclararon que si la CGT decide llamar a una huelga se plegarán en forma inmediata.

Buenos Aires se convirtió ayer en una verdadera ciudad de la furia. Las movilizaciones y cortes formaron parte de la llamada ‘Jornada nacional de lucha con manifestaciones y ollas populares’  organizada por distintos grupos y colectivos sociales, entre ellos Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), liderada por el dirigente ‘piquetero’ Emilio Pérsico, secretario nacional del Movimiento Evita.

“El Gobierno ha incumplido todas las medidas paliativas acordadas con las organizaciones sindicales y sociales. Pareciera que para los funcionarios dialogar es prometer y no cumplir, conversar y no realizar. Para nosotros eso se llama mentir y jugar con el hambre de nuestras familias”, advirtió un comunicado de CTEP.

Los cortes de tránsito se dieron por decenas (al menos 50 según  la televisión C5N) e involucraron esquinas muy concurridas del centro de la ciudad hasta los accesos, puentes, rutas y autopistas más importantes. Circular por la capital se convirtió en toda una odisea con embotellamientos récords en horas pico.

En la tradicional Avenida de Mayo, a unas cuatro cuadras de la histórica plaza homónima frente a la Casa Rosada, sede de gobierno, militantes sociales montaron un acampe que había comenzado el martes en la avenida 9 de Julio, considerada la más ancha del mundo.

Los manifestantes, provenientes de la zona sur del Gran Buenos Aires, reclamaban un mayor número de subsidios sociales en el marco del ‘Plan Trabajar’. Bajo una enorme pancarta que cruza la avenida bajo el lema ‘Macri, ¿y la pobreza cero? Basta de ajustes y despidos’, los militantes exigían también un aumento en el monto de los subsidios de 4.000 a 13.000 pesos mensuales ($ 250 a $ 812).

‘Pobreza Cero’ fue el latiguillo usado por Macri durante la campaña electoral, pero en apenas un año y tres meses de gestión el Gobierno creó un ejército de 1,5 millones de pobres, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.

Al alba del miércoles, una asamblea de militantes sociales decidió mudar el acampe de la 9 de Julio a la Avenida de Mayo a la espera de respuestas a sus reclamos.

Pero ese no fue el único corte de calles. Otras organizaciones, llamadas también ‘piqueteras’, paralizaron el tránsito en los principales puentes y accesos a la capital, incluida la autopista Panamericana, en la zona norte del conurbano.  

El caos de tránsito generado agravó el malestar de vastos sectores de la clase media porteña, donde Macri tiene su mayor bastión electoral, que le achaca al Gobierno incumplir otra de sus promesas: la de impedir los cortes totales de tránsito durante las protestas.  

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, denunció que estas desaprobaciones solo buscan poner al régimen “en una situación de ingobernabilidad” en un año electoral. En octubre los argentinos irán a las urnas para renovar el Congreso, donde el oficialismo está en minoría.

“Permanentemente hay una situación de querer poner al Gobierno en esta posición. Los que crean que esto es una batalla social están poniendo el ojo en un lugar distinto. Estas organizaciones tienen claramente un sentido político”, sostuvo la funcionaria.

Bullrich, quien fue ministra de Trabajo del presidente Fernando de la Rúa (1999-2001) y firmó el decreto por el cual se descontaron 10% los salarios de empleados estatales y los haberes jubilatorios antes del estallido social de diciembre de 2001, admitió que “hay una situación social, pero dijo que es atendida por las autoridades”.

El jefe de gabinete, Marcos Peña, se animó a ir más allá: “No debemos dejarnos llevar por las voces de los que quieren que fracase el cambio, empezando por la expresidenta (Cristina Fernández de) Kirchner”.  

Mientras Buenos Aires se hundía en el caos vehicular y los ‘piqueteros’ llevaban sus reclamos a las calles, el Gobierno preparaba un nuevo ‘tarifazo’ en los servicios de agua, luz y gas que se realizará en ‘cuotas’ desde abril y a lo largo de este año con aumentos que oscilan en un promedio del 40%. (I)