Desde injurias hasta denuncias formales son las consecuencias que enfrentan en estos días quienes documentan y denuncian violaciones  graves a los derechos humanos en México. “Guerra sucia” y “campaña de lodo” son algunas formas de nombrar a la embestida en contra de los activistas, que según ellos es una estrategia, en la que el blanco tiene a diversas personas, desde abogados e integrantes de organizaciones no gubernamentales hasta el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que investiga el caso Ayotzinapa y al secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mexicano Emilio Álvarez Icaza.

En un hecho inédito y solo dos semanas después de que la CIDH presentara un diagnóstico crítico sobre la situación del país, Álvarez Icaza fue acusado de “fraude” por la Procuraduría General de la República (PGR), bajo argumento de malversación de fondos en las gestiones vinculadas al caso Ayotzinapa. No prosperó la causa y la PGR se vio obligada a desestimarla por falta de elementos, pero golpeó la imagen de la institución internacional que ha encabezado los reclamos por la desaparición forzada de 43 normalistas.

“El hecho de atacar al secretario ejecutivo no tiene precedente en el sistema interamericano. No hubo casos así, ni durante las dictaduras militares”, cuestionó Álvarez Icaza en diálogo con el periódico La Jornada. Para él la acción significa “una señal muy clara del regreso a un México autoritario”.

No fue el primer revés. Desde septiembre pasado los integrantes del GIEI son blanco de diversos ataques por parte de grupos derechistas, simpatizantes del Ejército mexicano y periodistas afines al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. La colombiana Ángela Buitrago, integrante del GIEI, denunció “una persecución” porque “estamos incomodando”, mientras que la guatemalteca Claudia Paz y Paz agregó: “en la medida que nosotros nos acercamos a la verdad de lo que ocurrió realmente ese 26 y 27 de septiembre (2014) en Iguala, hay personas que pueden sentir temor junto a los perpetradores”.

Como ellos, diversas sospechas se sembraron en torno a integrantes de las organizaciones no gubernamentales como el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, representantes legales de los familiares de los normalistas desaparecidos.

La campaña de descrédito se extiende porque, al parecer, no solo incomodan a quienes trabajan sobre el caso Ayotzinapa. En semanas recientes también otros defensores de derechos humanos han sufrido una embestida, como es el caso de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y su director José Antonio Guevara.

El periodista Ciro Gómez Leyva e Isabel Miranda de Wallace, activista cercana a sectores de poder, los acusaron de “corrupción” y “enriquecimiento ilícito” con dinero de víctimas que han recibido indemnizaciones. En diálogo con EL TELÉGRAFO, Guevara replica que las acusaciones “forman parte de una política orquestada desde alguna parte del gobierno federal para debilitar el trabajo que hacemos, particularmente en la documentación, denuncia y búsqueda de justicia de casos de tortura”.

La organización no gubernamental denunció al menos 95 casos de tortura a civiles por parte de agentes del Estado -policías, militares y Ministerio público- durante un operativo conjunto en Rosarito, Baja California, entre 2009 y 2012. Esos casos fueron llevados a foros internacionales y presentados en la Corte Penal Internacional.

“Lo que hemos podido documentar y acreditar fehacientemente es que la tortura es una práctica extendida en las procuradurías y policías del país, pero particularmente en los operativos conjuntos para combatir la droga o la delincuencia organizada cuando se utiliza de manera sistemática”, explica José Antonio Guevara.

Detalla que, según sus investigaciones, en México los agentes del Estado incurren en detenciones arbitrarias y someten a los detenidos a violencia para que den información, se autoinculpen o señalen a otros. En los casos que documentaron los civiles “fueron llevados a instalaciones militares donde fueron torturados brutalmente con electricidad, ahogamiento, golpes, amenazas, y otros métodos”. (I)