Que las instituciones chilenas funcionen y que tengan independencia. Esa fue la meta que a comienzos de los años 2000 se propuso el entonces presidente Ricardo Lagos. De alguna manera, este propósito lo continuó tanto Michelle Bachelet en su primer gobierno, como también Sebastián Piñera, pese a que este último no comulga con la Concertación, ahora llamada Nueva Mayoría. En este marco, el gobierno de la presidenta socialista impulsó una nueva ley para regular el lobby, que ya ha generado importantes implicancias.

La nueva normativa fue aprobada por el Congreso la semana pasada y como eje central a partir de ahora determinadas autoridades de gobierno y del Estado tienen la obligación de dar cuenta mensualmente de las reuniones que sostienen con lobistas o gestores de intereses particulares. En la práctica, las reuniones con lobistas suelen darse en el más profundo secreto o con bastante hermetismo.

Al mismo tiempo, la nueva ley del lobby contempla que las autoridades deberán detallar los nombres de las personas con las que se han reunido, sus cargos y una breve reseña que deberá explicar en qué consistió la reunión y qué temas se trataron. Todo esto, para que se genere mayor transparencia y confianza ciudadana.

De hecho, el principal propósito es transparentar la acción de grupos de interés que pretenden influir en las decisiones de las autoridades políticas. En Chile, el lobista es una persona o entidad que realiza gestiones como intermediario y en forma remunerada. Dentro de esta categoría figuran personas individuales, pero también agencias o consultores.

Pero también la ley obliga a transparentar las reuniones con los “gestores de intereses”, es decir, las personas o entidades como la ONG o dirigentes sindicales que no necesariamente reciben remuneración. La nueva ley obliga a que lobistas o gestores de interés se registren voluntariamente o bien pueden ser inscritos por las autoridades cuando soliciten reuniones en un registro especial.

Tras la puesta en marcha de la ley del lobby, varias agencias de comunicaciones y consultoras se inscribieron en distintos ministerios para transparentar sus funciones. Sin embargo, la nueva medida ha generado críticas. En privado, algunos embajadores y diplomáticos se quejaron de que por lo especial de su labor no podrían informar de todas las reuniones que mantienen. De todos modos, la ley contempla excepciones en temas que tengan que ver con la seguridad o interés del país.

Según la presidenta del Senado, Isabel Allende, el Congreso no aprobó una buena ley. “Tengo el temor de que se dé un cúmulo de información que termine siendo inútil”, afirmó en una entrevista publicada por el diario El Mercurio de Santiago.

A juicio de María José Poblete, del Consorcio por la Transparencia, “las prácticas de reserva de la Cancillería deberían ser revisadas para que, resguardando el interés nacional cuando realmente este se encuentre en peligro, se respete, al mismo tiempo, el derecho fundamental de acceder a la información pública”.

A su vez, Ximena Rincón, ministra secretaria general de la Presidencia, prometió que en el gobierno de Bachelet se dará un plazo para analizar la implementación de la ley para revisar problemas puntuales, como el caso de los embajadores, pero también sobre los detalles de los llamados telefónicos o de los correos electrónicos recibidos. “Son parte de las cosas que seriamente de aquí al próximo año deberíamos ser capaces de evaluar y obviamente consignar en un proyecto de ley, más aquellas cosas que son errores de forma”, puntualizó.

DATOS

La legislación afectará a más de 190 autoridades, incluyendo ministros, subsecretarios, jefes de las Fuerzas Armadas, Carabineros, Policía de Investigaciones, Contraloría, entre otros servicios.

Estos funcionarios públicos deberán canalizar sus actividades por medio de los sitios web gubernamentales, que se crearán con este propósito, no solo informando quiénes participaron de la cita y sobre qué se habló, sino que también reportarán si recibieron algún obsequio de parte de los asistentes al encuentro. Estos datos se compilarán mensualmente.

Quienes incumplan la legislación no se enfrentarán a penas de cárcel, sino que solo a sanciones administrativas que implican el pago de una multa.