Golpe al golpismo en Brasil, parece indicar el nuevo capítulo de la crisis politica e institucional que como coletazo deja la investigación por corrupción en torno al caso Petrobras. Por orden de la suprema corte de justicia, la policía federal irrumpió en el corazón del poder real de la política brasileña, al allanar las residencias del presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y otros dirigentes, entre ellos dos ministros, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB).

La operación supone un golpe más, el jurídico, al proceso de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, ya que Cunha había sido junto con el resto de la oposición el prinicpal motor del impeachment" contra la mandataria abierto el 2 de diciembre pasado.

El PMDB del díscolo vicepresidente Michel Temer fue el eje de la operación de cateo en las residencias de 53 personas ordenadas por el Teor Zavazscki, el juez del Supremo Tribunal Federal encargado del caso de corrupción en Petrobras para funcionarios con fueros.

El celular de Cunha fue uno de los elementos aprehendidos en su residencia oficial de Brasil y hasta un grupo de policías federales entró al Congreso para buscar documentación del principal escollo institucional de Brasil en 2015, el presidente de la Cámara de Diputados.

Cunha aceptó un pedido de impeachment apoyado por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) cuando el gobierno decidió apoyar una investigación en su contra por falta de decoro, debido a que ocultó 4 cuentas en Suiza adonde habría recibido unos 5 millones de dólares de sobornos de una empresa que provee sondas para la estatal Petrobras.

La operación también abarcó a ministrtos actuales del PMDB, Celso Pansera, de Ciencia y Tecnología, y Henrique Eduardo Alves, de Turismo y el ex ministro de Minas y Energía Edison Lobao.

Esta operación contra Cunha supone un alivio para el proceso de juicio político contra Rousseff y se suma al fracaso de la manifestación del domingo pasado contra el gobierno.

"Llega tarde la policía a la casa de Cunha para buscar pruebas", dijo el diputado Paulo Teixeira, del Partidao de los Trabajadores (PT).

Cunha, en busca de su impunidad, había resistido al lado de la oposición pese a pertencer al PMDB en su cargo, siempre con la carta del juicio político en la manga. Ultraconservador y comandante de un ejército de parlamentarios del llamado bajo clero, se refugió en el cargo y ahora el próximo paso es esperar que el Procurador General, Rodrigo Janot, pida su detención en caso de determinar que existen pruebas suficientes.

El PMDB es el principal partido de Brasil que domina la política en todas sus esferas desde la democratización en 1985, pero ante la crisis política del gobierno de Dilma claramente se distanció de la mandataria en distintos grupos que incluyen al vice Temer, a Cunha y al titular del Senado, Renan Calheiros.

Calheiros está investigado por corrupción en Petrobras pero mantuvo su alineamiento con el gobierno.

La operación contra Cunha que desestimula el ambiente a favor de la destitución de Rousseff ocurre un día despuiés de que la principal cámara patronal de América Latina, la Federación de Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), determinara su apoyo al juicio político y a la destitución de la mandataria.

El presidente de la Fiesp, Paulo Skaf, excandidato a gobernador paulista por el PMDB de Temer y Cunha, dijo que la decisión fue tomada luego de que fuera aprobada por el 91% de sus integrantes. El estado de Sao Paulo es el más poderoso de la federación en términos económicos y es gobernado por Geraldo Alckmin, del PSDB del expresidente Fernando Henrique Cardoso.

El caso de Petrobras también tuvo avances en la primera instancia, con el pedido de procesamiento hecho por la fiscalía para Carlos Bumlai, un ganadero que se define como amigo del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva que habría realizado donaciones por fuera del sistema electoral al PT, al PMDB y al opositor PSDB.

Acusado de chantajista y de poner al país al borde del abismo institucional parta salvar su pellejo, el diputado Cunha fue el blanco de la operación policial llamada "Catilinárias", en homenaje a los discursos del cónsul romano Cícero contra el senador Catilina, que planificaba un golpe para derrocar al gobierno republicano.

Este miércoles el Supremo Tribunal Federal debe decidir si fue legal o no la sesión para crear la comisión especial del juicio político, que Cunha usó a su antojo para dominar el proceso contra la mandataria, que ha encontrado en esta batalla un motivo para recuperar el apoyo popular perdido por el desgaste y la recesión económica.

El Palacio del Planalto, sede del gobierno, no se jugó a defender a los ministros investigados: "El gobierno espera que todos los hechos investigados en la nueva fase de la Operación Lava Jato involucrando ministros y otras autoridades sean aclarados lo más breve posible para que la verdad sea establecida. Que todos los investigados puedan presentar su defensa dentro del principio de la contradicción y que este proceso fortalezca las instituciones brasileñas". (I)