El caso de los nueve bolivianos detenidos hace tres meses en territorio chileno, en un incidente que tensionó las relaciones entre Chile y Bolivia, llegó ayer a su fin tras un juicio abreviado. El tema finalmente se resolvió después de que en una audiencia realizada el martes, los acusados aceptaran un breve juicio  y que ayer la justicia chilena decretara su expulsión.

En la audiencia del martes, llevada a cabo en un tribunal de Pozo Almonte, a casi 2.000 kilómetros al norte de Santiago, el Ministerio Público solicitó que los bolivianos sean declarados culpables de robo con violencia, porte ilegal de armas y contrabando, con una sanción de tres años y un día, además del pago de $ 48.000. A su vez, la defensa pidió que fueran declarados culpables, pero que la pena se sustituya con la expulsión, algo permitido por la ley chilena.

Un día después, la jueza Isabel Peña acreditó que la detención de los ciudadanos bolivianos se produjo en territorio chileno, que hubo delito de contrabando, que los acusados ingresaron de manera ilegal al país y que cometieron robo con intimidación. Así decretó su expulsión y no podrán regresar a Chile por 10 años.

El caso tensionó la relación -ambos países no tienen relaciones diplomáticas desde 1978-, con acusaciones cruzadas de grueso calibre. De hecho, el presidente boliviano, Evo Morales, dijo que “Chile tendrá que responder ante la historia por el abuso de poder”. Además, días atrás solicitó la intervención de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el caso.

A su vez, el Gobierno chileno siempre insistió en que los ciudadanos bolivianos fueron detenidos en territorio del país cuando intentaban robar un camión. Hasta la presidenta Michelle Bachelet confirmó los argumentos chilenos, en una intervención pública. También el canciller chileno, Heraldo Muñoz, consideró que Bolivia es un país “con cero credibilidad internacional”. Además, dijo el martes que “Chile no acepta que se ventile en la OEA una situación judicial interna”. (I)