La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes lo que consideró una "campaña de desprestigio" en México contra el grupo de peritos independientes que investigó la matanza y desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa en 2014.

En ese contexto, la entidad rechazó de forma enérgica una averiguación previa contra su secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez.

En un comunicado, la CIDH expresó que "rechaza en forma contundente la averiguación previa iniciada contra Emilio Álvarez Icaza Longoria por un presunto delito de fraude en perjuicio del Estado mexicano en relación con el trabajo del GIEI", el grupo internacional que investiga el caso Ayotzinapa.

La averiguación se produjo "tras una denuncia radicada en el contexto de esta campaña de descalificación", señaló la entidad.

La Comisión, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), expresó su "consternación" por la denuncia, que consideró "inadmisible".

De acuerdo con la CIDH, la "contribución financiera voluntaria" del Estado mexicano para la instrumentación del acuerdo con la OEA para investigar la desaparición de los estudiantes "fue depositada directamente a las cuentas de la Secretaría General de la OEA, por medio de su Secretaría de Administración y Finanzas".

"La CIDH no administró estos recursos, por tanto tampoco lo hizo el Secretario Ejecutivo", afirmó la organización.

Este acuerdo alcanzado entre el gobierno mexicano y la OEA permitió a la CIDH formar el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), para investigar lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014 con 43 estudiantes de una escuela rural de Ayotzinapa.

Esos estudiantes habrían sido asesinados por la policía e incinerados en un basurero con una pira que habría quemado durante horas, según la versión defendida por la Procuraduría General (fiscalía) mexicana.

El GIEI, sin embargo, cuestionó esa hipótesis y en un demoledor informe indicó que no había pruebas científicas de un incendio de magnitud suficiente para incinerar tantos cuerpos.

"En particular, el GIEI cuestiona la 'versión histórica' de los hechos dada a conocer meses atrás por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, de que los normalistas hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula", señaló la CIDH.

La entidad, con sede en Washington, respaldó el "trabajo realizado por el GIEI en todos sus aspectos y acompaña los informes y las recomendaciones presentadas por el Grupo". (I)