La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, firmó ayer un proyecto de ley de reforma laboral que modifica el Código del Trabajo dictado hace 35 años por Augusto Pinochet, en otra de las acciones transformadoras de su segundo mandato.

Con la iniciativa que se envió al Congreso, según la doctora Bachelet: “estamos saldando una deuda que teníamos con los trabajadores y trabajadoras de Chile. Como cualquier nación que avanza al desarrollo, tenemos materias pendientes y lo importante es tener la voluntad de ponernos al día”. Agregó que “lo que está en juego es el clima laboral, que es condición de una mayor productividad”.

La iniciativa de ley propone terminar con la autorización a los patrones para que reemplacen a los trabajadores en huelga, aunque no será obligatorio sindicalizarse, pero contempla la titularidad sindical, es decir, si el empleador quiere extender los beneficios de la negociación colectiva a los no sindicalizados deberá contar con la aprobación del sindicato”.

El proyecto de ley iniciará su trámite legislativo el 5 de enero. “La agenda laboral tiene un solo norte, que las chilenas y chilenos accedan a un mejor trabajo, buenas remuneraciones, relaciones laborales más justas y también mayor productividad de la fuerza de trabajo”, detalló  la mandataria que pidió al Congreso un debate “con altura de miras” y dijo que “lo que estamos proponiendo tiene sólidos fundamentos más allá de la ideología. Quiero llamar a informarse y no mirar con prejuicio estas medidas”, destacó la publicación de La Jornada.

Este plan es fuertemente resistido por el empresariado y cuenta con el beneplácito de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la mayor multisindical del país, que lo ve como “un primer paso”.

“Tenemos serias y profundas discrepancias” con el proyecto, recalcó a periodistas el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Andrés Santa Cruz.

Baja participación laboral

La nueva ley modifica el código laboral dictado en 1979 por Pinochet, que redujo la injerencia sindical a su mínima expresión, prohibiendo la negociación colectiva interempresas y validando las huelgas exclusivamente en el marco de la negociación con la empresa, sin hacerlo extensivo, por ejemplo, a temas de carácter social. La dictadura clausuró además a la CUT, persiguió, torturó, exilió y asesinó a cientos de dirigentes sindicales. Como consecuencia, hoy la tasa de sindicalización en Chile bordea el 14%, una de las más bajas de América Latina.