“Puede ser que tengamos un problema de comunicación”. Juan Cabandié, uno de los 109 nietos recuperados de sus apropiadores por las Abuelas de Plaza de Mayo, admite que la palabra no es hoy la herramienta más fuerte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

“Vamos a escuchar los mensajes necesarios para que todos vivan mejor”, sostiene el legislador porteño que busca ser reelecto por el oficialista Frente para la Victoria (peronismo progresista) en las elecciones parlamentarias del 27 de octubre.

Pero las encuestas no vaticinan un apacible domingo eleccionario. Tras las primarias del 11 de agosto, cuando el oficialismo logró la primera minoría nacional, pero perdió por cinco puntos en la estratégica provincia de Buenos Aires, la figura del líder opositor y antiguo aliado, Sergio Massa, no ha parado de crecer.

En agosto, el hoy peronista disidente Massa venció en territorio bonaerense con el 35,06% de los votos contra el 29,6% del “kirchnerista” Martín Insaurralde. Pero ahora la brecha entre ambos sería de 11 puntos. Según la encuestadora Poliarquía, el exjefe de gabinete de Cristina Fernández reúne el 41,1% de las preferencias contra el 30,1% de su rival.

El Gobierno decidió entonces hacer cambios en su política de comunicación –uno de sus puntos más débiles- para acercarse hacia una cada vez más esquiva clase media, un bastión social fundamental en distritos claves del país.

El cambio más visible lo dio la Jefa de Estado. Reacia a dar entrevistas y mucho menos ruedas de prensa, se abrió a reportajes televisados. El primero fue con la televisión pública, lo que le valió una andanada de críticas desde el poderoso grupo mediático Clarín, enfrentado con el gobierno por una ley de medios que aún aguarda una decisión final en la Corte Suprema de Justicia.

“La entrevista que realizó con la televisión pública no es un cambio ni una innovación en cuanto al estilo de manejo con los medios por parte de la presidenta”, aseguró el analista político Rosendo Fraga.

Entonces el gobierno subió la apuesta. Convocó al periodista Jorge Rial, quien antes de las primarias había anunciado que votaría a Massa, para otra entrevista cuya primera parte fue transmitida el domingo pasado en el canal privado América. En los pasillos de la Casa Rosada, sede de gobierno, se barajan otros periodistas para sumarse a la serie de reportajes.

“Este cambio se cocinó en forma repentina. Había sectores que lo venían pidiendo, pero se definió en el círculo íntimo” de la presidenta. “La apertura es positiva”, dice a EL TELÉGRAFO una fuente que en el pasado trabajó en el área comunicacional del gobierno y que pide el anonimato.

Pero hubo más cambios: funcionarios y candidatos del oficialismo reaparecieron en programas del canal de cable Todo Noticias (TN), del grupo Clarín. Insaurralde estuvo el 28 de septiembre. Dos días antes había sido el turno del titular del ente recaudador impositivo (AFIP), Ricardo Etchegaray.

Las encuestas no favorecen al candidato oficialista en la crucial provincia de Buenos Aires

Nora Veiras, columnista del diario Página/12 y conductora del programa oficialista “6,7,8” de análisis de medios, que transmite la TV Pública, admite que la política comunicacional del gobierno vive “un cambio”.

“Es positivo que la presidenta dé entrevistas. Es un cuadro político que argumenta todo lo que dice, más allá de que se pueda discrepar o no. Pero no hay que olvidar que todo esto se da en un marco de disputa comunicacional muy fuerte entre un gobierno democrático y grandes grupos económicos que manejan los medios de comunicación y todo esto exacerbado por la ley de medios”, sostiene.

Y agrega: “Desde el gobierno, durante mucho tiempo interpretaron, acertadamente, que todo lo que dijeran sería difundido de forma sesgada por los medios. Eso es cierto. Pero me parece que el hecho de no dar entrevistas potencia (la ofensiva mediática opositora) y deja un lugar vacante para que solo se interprete una visión de la realidad y no se muestren los argumentos del gobierno”.

“Me hubiese gustado que esto se hubiera hecho antes”, señala Veiras.

Pero hubo más. El gobierno lanzó un paquete de medidas para intentar reconciliarse con un sector de la clase media abiertamente opositora que se ha inclinado por Massa en la provincia de Buenos Aires, donde vota el 37% del electorado nacional.

Una de las primeras medidas fue subir el monto de los sueldos exentos del pago del impuesto a las ganancias, lo que trajo alivio a cientos de miles de trabajadores de clase media que veían cómo el llamado “impuesto al salario” recortaba una parte importante de sus ingresos. Luego se anunciaron nuevos créditos para vivienda. Y en medio de críticas a la lucha contra la violencia asumió como ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados, considerado un defensor de la “mano dura” contra el delito. El flamante funcionario enfrentó a balazos a un grupo de ladrones que irrumpió en su casa en 1999. “Ojalá les hubiera pegado. Tuve mala puntería”, dijo.

Por debajo de la mesa hubo otras medidas. “La orden es no molestar al contribuyente”, afirma a EL TELÉGRAFO una fuente del ente recaudador. El gobierno está decidido a no profundizar el mal humor de un sector medio que le atribuye la manipulación de los índices inflacionarios, altos niveles de corrupción –con denuncias sistemáticas desde el Grupo Clarín aun sin pruebas concretas- y elevados niveles de violencia –otro tema exacerbado por los medios- en un país considerado entre los más seguros de la región.

Pero la analista Graciela Romer, directora del estudio Graciela Romer y Asociados, piensa que el impacto de estas medidas “no va a ser muy significativo” en el resultado de las elecciones. Basa su opinión en el “malestar que tiene con el gobierno el sector medio de la sociedad, que duda sobre cuán genuinas fueron estas decisiones”.

El cambio en materia comunicacional también llegó a la campaña. Insaurralde, el “delfín” de la presidenta en la provincia de Buenos Aires, blanqueó su romance con la vedette Jésica Cirio. “Nos estamos conociendo”, admitió.

La idea es llegar a los sectores más esquivos que alguna vez respaldaron al gobierno y emigraron hacia el peronismo disidente. Como primera medida se enterraron los mediáticos contrapuntos con el gobernador bonaerense Daniel Scioli, un incómodo pero popular cuadro del “kirchnerismo”, que no termina de perdonarle posturas ambiguas en temas claves de gobierno. Su publicista, Ernesto Savaglio, tomó las riendas de la campaña de Insaurralde, quien aparece en sus nuevos “spots” con un discurso más abarcador. “Voy a abrirme lo que más pueda”, afirma en uno de ellos.

Insaurralde ha debido lidiar desde el inicio de su candidatura con el escaso conocimiento popular de su nombre, algo que también afecta a la “número dos” de la lista, Juliana Di Tullio. Sin embargo, un traspié inesperado empañó el inicio de su proselitismo. En las nuevas publicidades, el apellido de la bella legisladora “kirchnerista” apareció mal escrito. Algún descuidado asesor olvidó en el camino una letra L.