El depuesto presidente tunecino Zine El Abidine Ben Alí fue condenado hoy en rebeldía a 35 años de cárcel por malversación de fondos públicos por el tribunal de primera instancia de Túnez, informó la televisión pública de ese país.

Leila Trabelsi, la esposa de Ben Alí, recibió la misma pena, según la cadena, que especificó que la ex pareja presidencial, refugiada en Arabia Saudí tras huir de Túnez el pasado 14 de enero, también fue sentenciada a pagar un total de 45 millones de euros.

En este proceso -el primero de este tipo en la historia del mundo árabe- se juzga a Ben Alí por descubrirse en uno de sus palacios, después de que huyera, importantes sumas de dinero y joyas de gran valor.

Ben Alí debía ser juzgado hoy también por posesión de armas y consumo y tráfico de estupefacientes, pero este caso ha sido postergado al 30 de junio.

Al comienzo de la audiencia, los abogados de Ben Alí -designados de oficio como exige la ley tunecina- solicitaron un aplazamiento del proceso para poder preparar mejor la defensa de su cliente, pero el tribunal rechazó la petición.

El representante de la Fiscalía pidió la máxima pena prevista, al acusar a Ben Alí y su esposa de ser "traidores a la nación".

En total, el hombre que dirigió Túnez durante 23 años, hasta las revueltas populares en su contra, se enfrenta a 93 cargos.

De ellos, deberá responder de 35 ante una jurisdicción militar por homicidio voluntario, abuso de poder y complot contra la seguridad del Estado.

En un comunicado publicado hoy en Beirut por su abogado libanés, Ben Alí rechaza de nuevo todas las acusaciones en su contra y asegura que nunca abandonó el puesto y huyó, sino que fue obligado a marcharse mediante engaños.

Al respecto, explica que su director de seguridad insistió en que acompañara a su esposa y otros miembros de su familia a Arabia Saudí, ya que él estaba amenazado de muerte, y que después de llegar a Riad el avión emprendió regreso a Túnez dejándole en tierra contra su voluntad.

Por otra parte, Ben Alí debe ser juzgado por tribunales de numerosas ciudades del país, entre ellas Sousse, Monastir, La Manouba, Gabes, Ariana, Sidi Bouzid y Gafsa.

Los cargos que se le imputan ante la justicia civil se refieren a corrupción, malversación, blanqueo de dinero y otros abusos.

En las revueltas populares que llevaron a la caída del régimen de Ben Alí murieron unas 300 personas.