Los gremios estatales argentinos realizaron ayer el primer paro nacional contra miles de despidos de trabajadores de la administración pública. El gobierno derechista de Mauricio Macri redobló la apuesta con la amenaza de 25.000 nuevos licenciamientos.  

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que realizó movilizaciones en todo el país en protesta por este ajuste, advirtió que “la respuesta de los trabajadores será más dura” en caso de una nueva oleada de cesantías.

El gobierno no aplicó el llamado “protocolo de seguridad” que entró en vigencia ayer y prevé represión policial después de cinco minutos de negociaciones contra quienes corten calles, puentes y rutas. Incluso autoriza a los efectivos a portar armas con balas de goma en primera línea y de fuego en un segundo cordón, en contraposición a lo que ocurría en el anterior gobierno cuando los agentes estaban desarmados.

Cientos de militantes de partidos de izquierda cortaron el tránsito en distintos puntos del centro de Buenos Aires a la vista de la policía, que no intervino.

“Yo estoy en Washington, hablen con alguien de la ciudad de Buenos Aires”, se desentendió la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullich, consultada por Radio 10 sobre la pasividad policial ante la prometida “mano dura” del gobierno contra este tipo de protestas. “El protocolo es ilegal, ilegítimo, viola toda la legislación vigente y se debe garantizar la posibilidad de manifestarse”, dijo desde uno de los “piquetes” Miryam Bregman, dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

El paro fue organizado por ATE, la Federación Sindical de Profesionales de la Salud, la Federación Judicial Argentina, la Federación Nacional de Docentes Universitarios y varios gremios afiliados a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma que lidera el sindicalista Pablo Micheli. Mientras se realizaba el paro, el fondo “buitre” NML anunció  un acuerdo económico con el gobierno de Macri para poner fin al litigio por la deuda adquirida a precio de papel.

“El paro nacional con movilización se hace porque ni el presidente Macri ni nadie del gobierno ha dado una respuesta favorable a nuestro pedido de cese de despidos”,  dijo el secretario general de ATE, Hugo Godoy.

En contraste, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, reveló la revisión de “24.000 o 25.000 contratos que se habían iniciado en los últimos tres años” tras los 6.300 trabajadores del Estado despedidos en los primeros dos meses de gestión, a los que se suman varios miles más en municipios gobernados por el macrismo hasta alcanzar unos 15 mil en total, según ATE. El gobierno asegura que todos los despedidos son militantes del kirchnerismo que cobran un sueldo sin trabajar. “Este argumento es inaceptable”, dijo Godoy.

Los despidos en el sector privado, según la CTA, suman unos 22 mil en un marco de un fuerte ajuste, alta inflación que este año se estima en 38% y una devaluación del peso que ya supera el 50%.

“Si el gobierno está redoblando su apuesta, no tengan dudas de que la respuesta de los trabajadores será aún más dura”, advirtió Godoy.

El paro nacional incluyó una multitudinaria marcha por el centro de Buenos Aires, hasta concluir en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de gobierno. Esta movilización tuvo su correlato en distintas provincias del país.

“Macri está convirtiendo al Estado en un aguantadero de Ceos y yuppies. El 70% (del gabinete)  representa a entidades de capital”, dijo el delegado de la Asociación de Trabajadores del Estado, Andrés Izurrieta, quien también participó en la protesta. (I)   

Datos

Desde la asunción de Macri, el 10 de diciembre pasado, la devaluación del 40% de la moneda provocó una inflación desbocada, con aumentos de precios que corrieron a la par con la depreciación del peso en carnes, lácteos y pan. Pero además un tarifazo de hasta el 700% en las boletas de luz terminó por delinear un panorama de gran  conflictividad social a corto plazo.

El gobierno cifró en 6.300 los despidos hasta el momento, pero fuentes sindicales aseguran que superan los 15.000 y es solo el comienzo de un plan de mayor magnitud.

El 24 de marzo centenares de entidades sociales y políticas marcharán a la Plaza frente a la Casa Rosada al cumplirse 40 años del último golpe de Estado.