El gobierno chileno envió este lunes al Congreso el proyecto de ley de gratuidad en la educación, importante norma que forma parte de la profunda reforma educativa que pretende implementar para reemplazar al actual sistema heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

La norma indica que las universidades públicas pasarán a ser gratuitas desde el año 2016 al igual que las privadas que cumplan requisitos como no tener fines de lucro, que tengan participación estudiantil en su directiva y estén acreditadas ante el estado al menos cuatro años.

El gobierno ha estimado que esta medida beneficiará a 50% de los estudiantes más pobres de la educación superior, alcanzando a unos 185 mil los alumnos, mientras que se entregarán 140.000 becas para estudiantes de institutos técnicos.

El Congreso deberá debatir y aprobar la norma esta semana, ya que debe estar promulgada antes de que se produzcan las postulaciones para las becas y las universidades chilenas, el próximo 27 de diciembre.

"Quiero darles tranquilidad a las familias y los estudiantes que quieren postular a la educación superior de que la gratuidad 2016 va a ser aprobada por el Congreso tal cual lo hemos planificado hasta ahora", dijo Marco Antonio Núñez, presidente de la Cámara de Diputados.

El envío de la ley al Congreso sufrió el retraso de una semana, luego que el Tribunal Constitucional declaró "discriminador e inconstitucional" los requisitos que debían cumplir las universidades privadas, porque afectaban a tres instituciones públicas las cuales no tenían cuatro años de acreditación y perjudicaba a estudiantes de menores recursos.

Para resolver esto, el gobierno determinó que la ley incluya a todas las universidades públicas. "Todas las instituciones del Estado son especiales", dijo Adriana Delpiano, ministra de Educación.

La reforma educativa es una promesa de campaña de la presidenta Michelle Bachelet y busca implementar una profunda reforma al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que redujo a la mitad el aporte público y fomentó el ingreso de los privados, con leyes que facilitaron la creación de universidades y colegios privados.

Bachelet logró en 2014 aprobar la llamada "Ley de Inclusión", que comenzará a regir en 2016, como punto de partida de su reforma educativa, y pretende alcanzar la gratuidad para los estudiantes de la educación superior en 2020. (I)