En Chile, el nombre de María Luisa Sepúlveda se asocia a la lucha por la verdad y la reparación, en el marco de la sistemática violación a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet. Comenzó este camino en 1974, un año después del golpe que derrocó a Salvador Allende, en el Comité Pro Paz y luego en la Vicaría de la Solidaridad, dos de los más importantes organismos de defensa de los DD.HH. durante el régimen militar.

El trabajo que le dio mayor visibilidad ante la opinión pública chilena fue su gestión como vicepresidenta de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, la llamada Comisión Valech, que se creó para esclarecer la identidad de las personas que fueron torturadas o privadas de libertad durante el régimen de Pinochet, entre 1973 y 1990. Esta comisión, que Sepúlveda presidió tras el fallecimiento de monseñor Sergio Valech en noviembre de 2010, presentó un informe por el que Chile reconoce, de manera oficial, 40.018 víctimas, cifrando en 3.065 los muertos y desaparecidos.

¿A qué podría atribuirse esta suerte de reactivación de la agenda de derechos humanos en Chile?

Diría que la reactivación de este tema en las últimas semanas se debe a que, en los juicios, algunos de los autores o personas que participaron en los crímenes han estado hablando. Por ejemplo, se reactivó un caso que tuvo mucho impacto en su momento y en los años posteriores, como es el Caso Quemados. Ahí una de las personas que participó en este grave hecho habló y eso significó que se reactivara el caso. Entiendo que hay más de mil casos que todavía están activos.

Precisamente después del testimonio del Caso Quemados, Carmen Gloria Quintana, una de las víctimas que sufrió quemaduras casi letales en su cuerpo, denunció un pacto de silencio en las FF.AA. ¿Eso es así?
No sé si hay pacto de silencio, pero sí podría decir que las instituciones armadas a las que pertenecían muchos de los autores de estos crímenes podrían hacer un esfuerzo para saber qué pasó. No es posible que, por los antecedentes de la época y que se han ido recabando, que han derivado en miles de oficios, que no se sepa. El Ejército tiene que saber qué está pasando.

¿La unidad de DD.HH. que se creó para recabar información de las FF.AA. y que depende del Ministerio de Defensa responde a las sospechas por este supuesto pacto de silencio?

No lo tengo claro. Pero podría decir que es necesario colaborar de mejor manera desde las instituciones armadas. No es posible que todavía haya gente vinculada a estos graves hechos que estén trabajando para las instituciones armadas. No es posible que sean los conscriptos, las personas de menor edad en esos años, las que estén hablando.

En cuanto a la Comisión Valech se acordó el resguardo de información por 30 años…

Las personas que fueron a declarar, muchas de ellas contaron situaciones que afectan su dignidad e intimidad. Por ejemplo, violaciones o situaciones que se sienten poco tranquilas con lo que vivieron y que ni siquiera han compartido esto con sus personas más cercanas. Algunos de ellas, no todas, pidieron reserva. La Comisión Valech consultó a expertos y las recomendaciones fueron que los testimonios de las víctimas fueran resguardadas por 30 años. Finalmente, el Congreso con el Ejecutivo acordaron que la reserva fuera por 50 años.

Hay quienes intentan vincular una supuesta impunidad a la reserva del informe de la Comisión Valech, ¿por qué?

Sí. En la mayoría de los casos, lo que nosotros buscábamos era acreditar que las personas habían sido víctimas de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Nosotros no indagamos sobre quiénes eran responsables de esta situación, por lo que en la mayoría de los casos no hay información sobre los victimarios ni agresores. Pero en otros casos puede haber o se puede deducir. Lo que yo digo es que la impunidad no está en el informe Valech, porque la información no se buscó, ni se procesó ni se trabajó en función de los autores, sino de las víctimas. Esa es la gran diferencia. La impunidad no está en el informe, sino en los victimarios y en las instituciones a las cuales pertenecían.

¿El sentido más profundo entonces fue trabajar la memoria, el testimonio y cuantificar a las víctimas?

Fue trabajar el reconocimiento de las víctimas. No cuantificar, porque entre las dos comisiones son más de 38 mil casos.

Se han cumplido 42 años desde el golpe. Hay 21% de chilenos que lo justifica y 75% que opina que hasta ahora no ha habido reconciliación, ¿cómo lo ve usted?

Diría que en estos años ha habido cuotas de verdad, de reparación y algo de justicia. Cuando todavía hay gente que lo justifica (el golpe) con mayor razón es un tema que tiene que seguir en el espacio público, porque esto, como sociedad, no es posible volver a repetirlo. (I)