En Chile, la educación secundaria está en crisis desde hace años, mientras que los aranceles universitarios son los más caros del mundo, en un sector altamente privatizado desde la dictadura de Augusto Pinochet. Por eso es que, cuando asumió su segundo mandato, en marzo pasado, Michelle Bachelet prometió una gran reforma para ofrecer a los chilenos educación gratuita, de calidad y sin fines de lucro. Este es el tema más importante que se discute hoy en Chile, junto con la reforma tributaria que financiará la nueva educación chilena.

Hasta ahora, se conocen los alcances de los cambios que habrá en las escuelas: se pondrá fin al lucro en los colegios particulares subvencionados por el Estado, a la selección escolar y también al copago de las familias segregadas por su origen socioeconómico. Pero la transformación que sufrirá la educación superior era toda una incógnita. Por primera vez, el ministro de Educación chileno, Nicolás Eyzaguirre, se refirió en detalle a los cambios que se concretarán a nivel de universidades en una entrevista publicada el domingo por el diario El Mercurio, de Chile. Sus declaraciones levantaron ayer una enorme polémica.

El Ministro de Educación de Bachelet aseguró que propondrá que el Estado financie los primeros 4 años de los estudios universitarios. Todo lo que exceda ese lapso deberá ser financiado por los propios estudiantes u otro mecanismo. La idea es compatibilizar la gratuidad con esfuerzo personal, dijo Eyzaguirre. “Cumpliremos el objetivo de la gratuidad universal, pero de manera eficiente. Cuatro años de estudio –lo que duraría un college- me parece un objetivo sensato de financiar para un país de $ 20.000 de ingreso per cápita”, explicó el ministro.

Además, señaló que se diseñarán “financiamientos basales para todas las instituciones, públicas o privadas, contingentes y a la índole y productividad de sus comunidades académicas”.

La controversia se generó porque en Chile las carreras universitarias se extienden, en promedio, por más de 4 años. Por ejemplo, una carrera de Periodismo o derecho dura 5 años, mientras que una de Ingeniería Civil se extiende por 6 años. Otro problema es que, en la mayoría de las carreras, quienes repiten un curso (asignatura-ramo) deben esperar hasta el año siguiente para volver a cursarlo.

Así, la propuesta de Eyzaguirre recibió críticas desde congresistas de la mismísima alianza oficialista Nueva Mayoría, además de los estudiantes y rectores. Diputados oficialistas, como Giorgio Jackson (exlíder estudiantil), consideraron que la gratuidad debe concretarse para toda la carrera y no por 4 años.

En Chile, parte importante de los estudiantes accede a la universidad gracias a créditos bancarios y también por créditos que cuentan con el aval del Estado. Incluso en las instituciones públicas, como la Universidad de Chile, los aranceles son muy costosos para el promedio de las familias chilenas. Es decir, se da la figura de que en una universidad pública los estudiantes egresan con altísimas deudas financieras. Según cifras del Consejo Nacional de Educación (CNA), Odontología es la carrera más costosa en Chile, con un arancel anual promedio de $ 10.000, seguida de Medicina, con casi el mismo costo. De las carreras con mayor demanda, Arquitectura tiene un arancel promedio de $ 6.000, mientras que Ingeniería Comercial -la carrera más masiva- cuesta $ 5.500.

Tras lo dicho por Eyzaguirre, el Gobierno debió salir a apagar el incendio. Rodrigo Peñailillo, el ministro del Interior, cuya figura en Chile equivale a la de un vicepresidente, señaló que los dichos del ministro son “una primera aproximación, en ningún caso es una decisión final”. A su vez, el propio Eyzaguirre aclaró que su planteamiento no se entendió del todo y rechazó que existan diferencias al interior de la administración socialista de Bachelet. “Una vez más reafirmamos que el Gobierno de la presidenta Bachelet tiene la convicción de hacer la educación un derecho social, y esta debe ser gratuita para los que acceden a la universidad”, dijo el ministro.

Desde la Democracia Cristiana, que forma parte de la Nueva Mayoría, ya se estaría presionando por la salida de Eyzaguirre, ministro que ha sido sumamente criticado por los propios líderes estudiantiles.

La agenda de educación está al tope de las prioridades del Gobierno y también de la ciudadanía, que viene exigiendo desde el primer gobierno de Bachelet (2006-2010) cambios sustanciales al sistema.

Tanto Bachelet (en su primera gestión) como Sebastián Piñera hicieron cambios mínimos y solo de ‘maquillaje’ a un sector que sí sufrió grandes transformaciones a favor de la privatización sin regulaciones durante la era de Pinochet. En Chile, la gran mayoría de los estudiantes se educa en escuelas municipales o particulares subvencionadas. Y solo unos pocos pueden acceder a la universidad.

Esta es la mayor crítica que hace el movimiento estudiantil, que no mira con tan buenos ojos la reforma de Bachelet y ha presentado serios reparos porque la propuesta del Gobierno no cambia con el modelo educativo, que consideran es tremendamente injusto, ya que beneficia solo a las clases más acomodadas.

Para ayer se esperaba que Eyzaguirre se reuniera con más de 30 organizaciones -como federaciones de estudiantes, el Colegio de Profesores, el Consorcio de Universidades Estatales de Chile y el Consejo de Rectores- para discutir y analizar los alcances de la reforma educacional. El primer paquete de leyes educativas aún no se discute en el Congreso, mientras que la reforma tributaria que financiará el nuevo sistema educacional chileno está a punto de aprobarse en el Legislativo.

Datos

La reforma educacional para ofrecer estudios de calidad, gratuitos y sin lucro de empresarios es uno de los principales pilares del actual y segundo gobierno de la socialista Michelle Bachelet, con lo que se pretende poner fin a los altos índices de desigualdad de Chile.

En Chile no existe gratuidad en estudios universitarios y los aranceles son de los más caros del mundo en un sector carente de regulación y altamente privatizado desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990).

El Gobierno se ha enfocado en las escuelas subvencionadas -donde acude la mayoría- para eliminar el lucro de sus gestores, la selección escolar y el cofinanciamiento de las familias que segregan por origen socioeconómico.

Actualmente existen en Chile 3.470 establecimientos educacionales que declaran tener fines de lucro. Si los sostenedores de esos colegios pretenden seguir en la actividad, deberán transformarse en reales fundaciones que no persiguen ganancias.

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